Ayer pudimos disfrutar de un día festivo en Andalucía, plagado de mensajes ilusionantes e incluso complacientes, pero hoy conviene volver a colocarse el mono de trabajo y enfrentarse con la realidad y propongo hacerlo con una sencilla reflexión. Si en Andalucía viven 8,4 millones de personas con una renta media inferior en un 21% a la española y con una tasa de paro 8 puntos superior, mientras que los catalanes son casi un millón menos, tienen una renta media superior en un 16,4% y una tasa de paro 4 puntos inferior, ¿cómo se explica que Cataluña sea un problema para España y no lo sea Andalucía? También somos la segunda comunidad, tras Canarias, con mayor número de pobres y donde más familias tienen problemas para llegar a fin de mes, aunque quizás lo más preocupante es que estos datos, presentados por la Red Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social, tienden a empeorar. En parte, porque tanto la crisis como la incipiente recuperación, han tratado de forma muy desigual e injusta a ricos y pobres.

Una posible respuesta a la cuestión apuntada es que, a diferencia de Cataluña, los partidos no plantean estrategias políticas sustantivas en Andalucía, sino que reproducen una especie de versión autonómica de sus estrategias nacionales. Como consecuencia de ello, el marco de confrontación política tiende a centrarse en las cuestiones más cercanas o estrictamente andaluzas y a desplazar los grandes debates a la escena nacional. Desde esta perspectiva, Andalucía no es foco de tensión política nacional y, por lo tanto, un problema para España, porque desde el 4 de diciembre de 1977 y el 28 de febrero de 1980 ha sido plaza de segunda para el tratamiento de temas de fuerte calado político, incluidos los que le afectan directamente, como los que tienen que ver con la organización territorial del estado o la financiación de las autonomías.

Una alternativa es que, a diferencia del PSC y las mareas y similares en Podemos, los máximos representantes de los partidos políticos nacionales en Andalucía tienen un peso relativo reducido en sus respectivas estructuras nacionales. Esta percepción no es tan evidente en el caso del PSOE, lo cual no les exime de responsabilidad, sino más bien lo contrario. Es significativo, sin embargo, que la presidenta haya decidido enarbolar la bandera andalucista de la prevalencia de la igualdad en las relaciones territoriales dentro del estado, a pesar de las ampollas que puede provocar en su propio partido.

Por último, una explicación mucho más sutil e intrigante es la existencia de un pacto estatal no explícito para el mantenimiento del statu quo regional, por el que las clases más necesitadas en las regiones con mayores problemas de índole social pueden contar con el apoyo financiero necesario para cubrir sus necesidades básicas, a cambio de no incordiar en exceso. Esta opción tiene tres grandes atractivos. El primero, el morboso interés que siempre despiertan las teorías conspiratorias. El segundo, la posibilidad de echar balones fuera y buscar culpables, o cómplices, en el exterior. El tercero, una hipótesis explicativa de la persistencia del gobierno monocolor en Andalucía.