La Comisión Europea (CE) clasificó este miércoles como sostenibles las centrales nucleares y ciertas plantas de generación eléctrica a partir de gas, una interpretación que difiere de la opinión de los expertos consultados por Bruselas pero que satisface en gran medida las demandas de Francia y Alemania.

"Hemos encontrado un equilibrio entre opiniones fundamentalmente diferentes a la hora de apoyar el camino hacia la descarbonización", dijo la comisaria de Servicios Financieros, Mairead McGuinnes, al presentar en rueda de prensa una propuesta muy criticada.

La comisaria defendió que la Unión Europea debe "actuar con todos los medios a su disposición" para lograr este objetivo y "abandonar cuanto antes" las energías altas en emisiones, aunque para hacer la transición haya que "aceptar soluciones imperfectas".

El Ejecutivo comunitario considera sostenibles las centrales nucleares con permiso de construcción en la Unión Europea antes de 2045 y las plantas de gas que emitan menos de 270 gramos de CO2 por kilovatio hora hasta 2031 o menos de 100 gramos en el conjunto de su vida útil.

Tras enviar el pasado 31 de diciembre un primer borrador a los países, el Parlamento Europeo y a una plataforma de expertos que asesora a la Comisión Europea en el diseño de esta clasificación de inversiones sostenibles, Bruselas ha incluido algunos "ajustes técnicos" menores.

Pero ha dejado inalterado el grueso de la propuesta pese a que la citada plataforma, donde la propia Comisión dice haber reunido a "los principales expertos mundiales en sostenibilidad" desde el sector empresarial a las ONG y la sociedad civil o la academia, rechazó la semana pasada que esas fuentes de generación queden al mismo nivel de que las renovables.

La taxonomía de la Comisión -que se desplegará también por otros sectores económicos como el forestal, el manufacturero, el transporte o la agricultura- no tiene efectos prácticos todavía, pero pretende convertirse en una herramienta de vanguardia para orientar las inversiones hacia la transición ecológica porque "el dinero público no será suficiente".

Reposa sobre el principio de "no hacer daño significativo al medio ambiente" y el Ejecutivo, que se define como tecnológicamente neutral, se agarra a la prioridad de desprenderse del carbón en la generación eléctrica, muy presente aún en países como Polonia, República Checa o Alemania.

Se tata esencialmente, dicen fuentes comunitarias, de alinearse con la declaración de la conferencia climática COP26 celebrada en Glasgow el pasado noviembre y asumir un mal menor para despedirse cuanto antes del carbón, gran emisor de gases de efecto invernadero.

"El acto delegado de hoy podría ser imperfecto, pero es una solución real que nos acerca a la neutralidad climática", defendió McGuinness.

Taxonomía y fondos

Bruselas quiere hacer de la taxonomía la guía de cabecera para las inversiones sostenibles y prevé utilizarla como base para otorgar el futuro sello de "bono verde" europeo, pero la regulación de momento no afecta a la concesión de fondos comunitarios o ayudas públicas.

Sin embargo, advierten desde el grupo de los Verdes en la Eurocámara, podría ser el caso en el futuro si, por ejemplo, se decide que las inversiones sostenibles no computen en el cálculo europeo del déficit y se usa la taxonomía como criterio para identificarlas.

McGuinness insistió en que la taxonomía solo busca dar claridad a los inversores, pero no condiciona las políticas energéticas de los Estados miembros ni obliga a instituciones públicas o privadas a financiar proyectos gasísticos o nucleares.

Bruselas quiere que la taxonomía sirva como palanca para alcanzar el objetivo de reducir las emisiones de CO2 en la UE en un 55 % para 2030 respecto a 1990 como senda para descarbonizar la economía a mitad de siglo.

Organizaciones ecologistas critican que con esta propuesta de "ecopostureo" la Comisión se arriesga a que se desvirtúe toda la taxonomía y el sistema quede en el olvido. Greenpeace lo ha definido como un "intento de robo", mientras que WWF ha pedido a la Eurocámara que lo bloquee.

Batalla política

Más allá de las definiciones técnicas, subyace un profundo debate político que divide a los países de la UE a propósito del controvertido texto, que lleva años de discusión interna en el seno de las instituciones comunitarias.

El "acto delegado" adoptado por la Comisión entrará en vigor en 2023 si en cuatro meses, ampliables a seis, no se reúne una mayoría de bloqueo.

Para ello sería necesario que se opongan el 72 % de los Estados miembros en el Consejo (20 países), que representen, a su vez, al menos el 65 % de la población de la UE, o que lo rechace la mitad del pleno de la Eurocámara (353 diputados).

Los eurodiputados ecologistas creen tener por ahora 250 votos en contra de un texto que tampoco ha gozado de unanimidad en el seno de la Comisión: el español Josep Borrell, la portuguesa Elisa Ferreira y el austríaco Johannes Hahn han votado en contra, indicaron a Efe fuentes comunitarias.

En cuanto a los países, Dinamarca, España, Austria y Luxemburgo rechazan abiertamente otorgar al gas y nuclear el mismo sello verde de las renovables y los dos últimos han amenazado con llevar la norma ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Francia, potencia atómica que celebra elecciones presidenciales en abril, lidera el bloque que respalda la energía nuclear, que apenas genera CO2 pero conlleva otros problemas como la seguridad o los residuos radiactivos. Cuenta con el apoyo de países como República Checa, Hungría o Finlandia.

Alemania tampoco cree que la energía atómica deba considerarse sostenible, pero sí apuesta por el gas para transitar hacia una economía descarbonizada a mitad de siglo.