El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, opinó este jueves que "no es el momento" de plantear un endurecimiento de la Directiva de las emisiones para las macrogranjas, con la situación que viven los mercados agroalimentarios como consecuencia de la invasión rusa en Ucrania y dijo que la Comisión Europea "debe ser coherente consigo misma".

"Esta semana hemos tenido una muestra que nos parece desplazada del calendario: (...) la modificación de la Directiva sobre emisiones industriales. Nos parece absolutamente irreal que en este momento, con la prioridad que tenemos con la producción alimentaria (...) la Comisión publique este borrador que establece, que por ejemplo, que una granja de 150 vacas es una instalación industrial que debe estar sometida a las mismas normas que la industria química", dijo el ministro.

Indicó asimismo que tiene dudas de que "la caracterización de la ganadería familiar y profesional que se hace corresponda a la realidad del caso de España", así como a la de Francia y otros países.

El ministro recordó que el Ejecutivo comunitario remitió recientemente a los Estados miembros sus recomendaciones sobre los planes estratégicos nacionales para la aplicación de la Política Agrícola Común, en las que dejaba claro que "hay que tener en cuenta las nuevas condiciones que provoca la guerra".

Aunque dejó claro que España no discute los objetivos que persiguen esas normas sobre emisiones, consideró que Bruselas debe tener "sensibilidad con el momento" y ser "coherente".

Por otra parte, subrayó que se trata solo de una propuesta legislativa, que aún tendrá que ser discutida en los próximos años, incluido bajo la próxima presidencia española del Consejo de la UE.

Propuesta de la Comisión

La Comisión Europea presentó el pasado martes una propuesta legislativa para endurecer ciertos criterios medioambientales con el objetivo de que las macrogranjas emitan menos amoníaco y metano y para que ciertas industrias y explotaciones mineras ahorren más energía, agua y materiales.

La propuesta de Bruselas, que tiene que negociarse antes con los Estados miembros de la Unión Europea (UE) y con el Parlamento Europeo, no se aplicará antes de 2027.

Afectaría a entre el 10 y el 20% de las granjas avícolas y porcinas y, por primera vez, también a las de vacuno con más de cien cabezas, que conjuntamente son responsables del 60% de las emisiones de amoníaco y del 43% del metano de la ganadería de la UE.