El Gobierno quiere presentar "cuanto antes" el nuevo impuesto digital a las empresas tecnológicas, conocido como tasa Google, para que entre en vigor en 2019, por lo que pide el apoyo a esta nueva tributación al resto de grupos parlamentarios. No obstante, el Ejecutivo incluso se plantea recaudar este tributo este mismo año para ayudar a financiar las pensiones, según indicaron ayer fuentes del Ministerio de Economía.

Mientras España se plantea legislar en esta materia a nivel nacional, los países de la Unión Europea negocian implementar una tasa a escala comunitaria para evitar la competencia desleal entre los países y la quiebra de la unidad de mercado. Sin embargo, casi una decena de socios de la UE bloquea por el momento las posibilidades de acuerdo para introducir este impuesto, cuya negociación a nivel político comenzó ayer en el Consejo informal de ministros de Economía y Finanzas que se celebra en Sofía (Bulgaria). "Hay muchas opiniones diferentes en torno a la mesa. Mentiría si dijera lo contrario. Pero creo que hay una base amplia de apoyo para la propuesta de la Comisión Europea y, en general, la voluntad de discutir", dijo en la rueda de prensa tras la reunión el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, responsable de la propuesta.

El consejo informal de ayer constituye la primera vez que los ministros debaten la iniciativa, que plantea imponer un impuesto del 3% sobre la facturación por ciertos servicios digitales de las empresas que facturen más de 750 millones de euros en todo el mundo y más de 50 millones en la UE. Se trataría de una tasa temporal como medida urgente para paliar las bajas contribuciones de estas compañías por el impuesto de sociedades hasta que se adopte la solución que Bruselas plantea a largo plazo y que consiste en tener en cuenta la presencia digital a la hora de calcular dónde pagan impuestos. Mientras las empresas tradicionales pagan de media un 23,2% de impuesto de sociedades, las digitales abonan sólo un 9,5 %, según la Comisión, que calcula que la tasa aumentará la recaudación en 5.000 millones de euros al año.

Los países parten divididos en la negociación, dónde se necesita conseguir la unanimidad de los Veintiocho para aprobar la medida. Irlanda, Malta, Luxemburgo, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Lituania y el Reino Unido rechazan medidas unilaterales y piden una solución internacional, según las fuentes consultadas.

Por el contrario, Francia, España, Portugal, Polonia, Eslovaquia, Bulgaria e Italia, están a favor del impuesto temporal, en tanto que el resto de los Veintiocho mantienen posiciones ambiguas. En el caso de Alemania, el ministro de Finanzas, Olaf Scholz, no intervino en el debate puesto que el nuevo Gobierno de coalición aún debe definir su postura. Pese a ello, Scholz dijo en rueda de prensa que los países están "empujados" a reaccionar ante la digitalización de la economía y se mostró a favor de conseguir una tributación para que paguen los impuestos justos. Alemania se contaba además entre los países que en septiembre llamaron a tomar medidas urgentes.

Sin embargo, los países reacios temen que el impuesto mine la competitividad y atractivo empresarial de Europa y que EEUU lo interprete como un ataque hacia sus compañías. "No estamos en una carrera para frenarlo, pero no queremos una solución individual que no funcione", dijo el ministro de Finanzas luxemburgués, Pierre Gramegna.