Hace unos meses obtuvo la declaración ambiental favorable y, el 27 de marzo, la Autorización Ambiental Unificada (AAU). Tras casi siete años de espera, el proyecto de reapertura de la mina de Riotinto parece estar más cerca de hacerse realidad, a la espera de que la empresa promotora, Emed Tartessus, obtenga los derechos mineros por parte de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, lo que, según avanzó en el Parlamento la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ocurrirá este mes.

Sin embargo, tras la resolución de las alegaciones, la AAU favorable otorgada por la Dirección General de Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio al proyecto, que engloba a los términos municipales de Minas de Riotinto, Nerva y El Campillo, incluye un total de 304 condiciones de carácter ambiental obligatorias para el promotor y, una de ellas se antoja crucial para el reinicio de la explotación.

Según la resolución, que está pendiente de publicación en el BOJA y a la que ha tenido acceso este diario, la Dirección General de Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio estima parcialmente una alegación del colectivo Mesa de la Ría que afecta a una zona denominada Escombrera Ilmenita-piritas.

En concreto, la Junta determina que si de la inspección llevada a cabo por técnicos de la Delegación de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Huelva el pasado 19 de marzo se confirmara "la presencia de los residuos industriales objeto de la denuncia en la cuantía y situación expuesta en la misma", el promotor "deberá proceder con carácter inmediato y, en todo caso, antes del inicio de la actividad" a ejecutar una serie de medidas, entre ellas su aislamiento, con el objeto de impedir el vertido de lixiviados procedentes de la misma en la cuenca del río Odiel.

Fuentes consultadas por este diario explicaron que los residuos industriales de Riotinto fueron depositados en los años 80 y se cuantifican en aproximadamente unas 700.000 toneladas. Sin embargo, fueron depósitos autorizados según la normativa de la época, ya que Riotinto era entonces el vertedero legal del Polo de Huelva.

De confirmarse la presencia de los residuos, la AAU obliga a Emed a "presentar en un plazo no superior a un mes un plan de gestión de los residuos industriales presentes en el recito minero objeto de la denuncia y, en su caso, de otros que pudieran existir en otros puntos del recinto". Dicho plan contendrá, como mínimo, la caracterización y clasificación de los residuos, la localización y cuantificación de los mismos y un calendario de retirada.