El presidente del consejo de Abengoa, Juan Pablo López-Bravo remitió en el día de ayer una carta a todos los empleados del grupo en la que defiende que la compañía se protege con la decisión del administrador concursal, EY Abogados, de “solicitar la suspensión, por un lado, e intervención, por otro, de las facultades de los consejos de administración de Abengoa y Abenewco, respectivamente”. “El objetivo de tal iniciativa no es otro que el de proteger la compañía contra cualquier acto que pueda suponer la retirada de la oferta vinculante realizada por Terramar” Capital, señala en la misiva.

Según sostiene, esa operación contemplaría un convenio para el concurso de Abengoa y un plan de viabilidad para Abenewco y su grupo, y “que resolverá definitivamente la situación y mantendrá la totalidad del empleo y la actividad”.

El presidente incluso opina que la solicitud de EY “refuerza el objetivo común y en ningún caso debilita la operativa de nuestras sociedades, antes al contrario, fortalece la toma de decisiones en la gestión”.

También admite el ejecutivo que la SEPI está demorándose en estudiar y resolver los expedientes presentados por todas las empresas y que eso les preocupa, porque “implica de retraso en la financiación interina”, aunque en la presentación de la oferta nunca se vinculó así. “Para impulsar el trabajo de las instituciones implicadas estamos manteniendo interlocución al máximo nivel con el Gobierno de España”, sostiene López-Bravo.

Ademas, reconoce que están “gestionando la escasa liquidez para el sostenimiento del grupo y luchando” por rescatarlo.