Los presupuestos andaluces para 2019 se presentaban con una cierta carga de pesimismo. El conflicto comercial entre Estados Unidos y China incidía de lleno en el más dinámico de los componentes de la demanda de los últimos años (el externo) y aconsejaba acomodar las previsiones de crecimiento con una prudente contracción cercana al medio punto. Finalmente, el viento de cola de los estímulos monetarios, el precio de la energía y la fortaleza de la demanda turística, junto a la pujanza de la demanda interna, han aconsejado revisar al alza los cálculos aceptando como muy probable el mantenimiento del ritmo de crecimiento del pasado año (en torno a 2,4%).

Si se cumplen las previsiones, el PIB andaluz podría situarse en torno a los 165.000 millones de euros, y si la Junta consigue ejecutar la totalidad de su presupuesto (36.495 millones de euros), el peso del sector público regional sobre el conjunto de la economía se situaría ligeramente por encima del 22%. Sería casi medio punto más que el pasado año y un punto más que al inicio de la crisis, lo que significa que la perspectiva de adelgazamiento del sector público que acompañaba la presencia del nuevo gobierno, tendrá que verse aplazada, al menos, hasta el año que viene. Desde luego, no parece suficiente como para hablar de decepción, puesto que estos presupuestos se han presentado como de transición, dado lo avanzado del ejercicio, y como el resultado de la voluntad explícita de corregir la indolencia del anterior gobierno, que decidió acudir a las elecciones de diciembre prorrogando los presupuestos de 2018, incumpliendo el mandato estatutario de presentación al Parlamento del nuevo proyecto con dos meses de antelación, al menos, a la expiración del corriente.

El nuevo presupuesto parece nacer con una notable carga inercial. Se puede apreciar en las políticas de empleo, en las que la partida de Formación Profesional para el Empleo aparece dotada con 241 millones de euros, que son casi 2 más que el pasado año, pero la realidad es que los cambios son más significativos de lo que parecen. Los fondos para la financiación de actividades de Empleabilidad, Intermediación y Fomento del Empleo, una parcela característica de la conflictiva administración paralela (el Servicio Andaluz de Empleo) levantada por los gobiernos socialistas, se han reducido en 165 millones de euros, que es algo más de un 20% de lo presupuestado el pasado año. En conjunto, el Programa de Promoción Social, en el que se integran las dos partidas anteriores, reduce su cuantía en 416 millones (un 31% con respeto al pasado año) y su peso en el conjunto del Presupuesto cae desde el 3,8% en 2018 (el mismo que en 2008), hasta el 2,5%.

Es apreciable, por tanto, una ruptura radical con la marcada inclinación del anterior gobierno a la concertación de las políticas económicas y sociales con sindicatos y empresarios. Puede que con ello se deteriore la armonía social que hemos disfrutado incluso en los peores años de crisis, pero probablemente se gane en transparencia y en la posibilidad de na evaluación crítica de políticas que, como la de empleo, nunca han funcionado satisfactoriamente.