El Gobierno ha planteado en la reunión de la mesa negociadora de la reforma laboral que el límite a la temporalidad del 15% de la plantilla sea flexible y se pueda regular un porcentaje mayor en la negociación colectiva en algunos sectores.

Según han confirmado hoy a Efe fuentes de la mesa de diálogo social, hasta ahora se había planteado un máximo de temporalidad del 15%, que la patronal rechazaba por tener un sesgo ideológico, un porcentaje que tampoco está completamente cerrado y que podría modificarse en el curso de la negociación.

El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, ha señalado esta mañana en rueda de prensa que había disposición a hacer modificaciones a la propuesta del 15%. Hay que ver, ha dicho, si ese límite de temporalidad máxima "se acomoda a los intereses del conjunto de interlocutores, si puede variarse o individualizarse para que sea menos indiscriminado y más efectivo".

Según ha explicado, tanto este punto como la redefinición de las causas a las que debe ceñirse en contrato temporal son cuestiones que están "en plena discusión".

La patronal, contraria a que vuelva a primar el convenio sectorial

Junto con la limitación de la temporalidad, la otra "línea roja" planteada por la patronal en esta negociación es la derogación de la prevalencia del convenio de empresa.

Las grandes empresas no están dispuestas a que vuelva a primar el convenio sectorial, a pesar de que la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha incido en la importancia de esta medida para acabar con la precariedad salarial.

La prevalencia del convenio de empresa establecida en la reforma laboral del PP de 2012 ha sido la causa, según Calviño, de que en algunos ámbitos como el de las camareras de piso se haya propiciado una competencia a la baja que ha devaluado los salarios.

Las pymes, por su parte, temen que la vuelta a la prevalencia del convenio sectorial pueda acabar "sindicalizando" más las empresas, un peligro que también ven en el nuevo mecanismo de estabilidad de empleo, que establecerá ayudas permanentes a los ERTE para evitar que se recurra al despido en caso de crisis.

Las pensiones se cuelan en la negociación de la reforma laboral

Gobierno y agentes sociales han retomado este miércoles la negociación de la reforma laboral, con Economía y la Seguridad Social sentados por primera vez a una mesa que lidera Trabajo y que se ha centrado en la temporalidad, aunque con los ecos de la última propuesta presentada en la mesa de pensiones.

Fuentes del diálogo social han calificado la reunión de "bronca", en tanto que en el Ministerio de Trabajo no han ocultado que quizá no era el momento más propicio para presentar esta propuesta justo ahora que se está tratando de llegar a un acuerdo para modificar la regulación del mercado de trabajo.

No obstante, fuentes del Ministerio de Trabajo han informado de que ha sido una reunión constructiva, con las dificultades a la altura del reto de reducir la temporalidad.

La CEOE también ha considerado la reunión cordial, pero con la complejidad que plantea la reforma del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, el que regula la duración del contrato, y a la espera de que el Gobierno les presente un nuevo texto.

Todos parecen coincidir en que hay que atajar la temporalidad abusiva, aunque la patronal ha reaccionado a los datos de paro de octubre asegurando que si se crea empleo es gracias a la reforma laboral de 2012 y que si los ERTE han sido útiles para preservar el trabajo durante la pandemia es porque se han "inspirado" en la apuesta por la flexibilidad interna que guió aquella reforma del PP.

Las reformas, listas antes de final de año

Los plazos aprietan en las dos mesas, ya que tanto la reforma laboral como la de pensiones tienen que estar aprobadas antes de acabe el año, de acuerdo con el calendario de hitos comprometido con Bruselas y que hay que cumplir para que la Unión Europea vaya desembolsando los fondos de recuperación.

Más urgente es el mecanismo de equidad intergeneracional, el que ayudará a sufragar el gasto de la jubilación de los baby boomers, que tiene que estar listo antes del 15 de noviembre para poder incorporarlo como enmienda a la ley que ya se está tramitando en el Congreso, que liga la revalorización de las pensiones a la inflación e incentiva el retraso de la jubilación, entre otras cosas.

En el acuerdo para esa ley que se firmó con los agentes sociales en julio se pactó que antes de mediados de noviembre tenía que estar listo el mecanismo de equidad intergeneracional, tanto con acuerdo como sin él.

En el caso de la reforma laboral, el objetivo prioritario del Gobierno es que salga con acuerdo de todas las partes, motivo por el que Calviño se ha involucrado directamente provocando una crisis en el Ejecutivo de coalición que ha quedado zanjada con el mantenimiento del compromiso gubernamental de derogar la reforma laboral de 2012 en los términos recogidos en el pacto de coalición de 2019 y en el plan de recuperación.