Los expertos coinciden en que el control de los delitos que se cometen a través de los paraísos fiscales requiere de mayores medidas de prevención. Entre ellas, proponen la modificación del artículo 56 del tratado de la UE para que la libertad de movimiento de capitales que propugna sea una excepción en el caso de esos enclaves; también abogan por aplicar un impuesto especial a las entidades que dispongan de filiales allí, o bien por prohibir a esas sociedades su intervención en el tráfico mercantil español. Las dos últimas medidas son inviables si no se acomete la primera, y ésta sólo podría materializarse con un acuerdo de consenso entre todos los socios comunitarios, algo que no parece posible, por cuanto algunos de ellos se benefician de la situación -Suiza y Holanda, por ejemplo, juegan con políticas fiscales laxas.

Teniendo en cuenta que no hay un interés real por acabar con los paraísos fiscales -a lo anterior deben añadirse las irrisorias condiciones que han de cumplir para salir de las listas negras: facilitar información sobre el rendimiento de los depósitos bancarios que albergan- y que controlar sus entramados es una tarea muy difícil, los técnicos de Economía y Hacienda y los inspectores creen que es mejor dedicar los "escasos" recursos disponibles a acabar con el "balneario fiscal" en el que se ha convertido España. Según sus cálculos, el dinero que mueve la economía sumergida en nuestro país equivale al 23% del PIB nacional, con lo que supera ampliamente los 200.000 millones de euros. Jesús Montero, consejero de Gestha, estima que si esa cantidad se gravara con impuestos, el Estado podría ingresar 88.000 millones. "Sólo con reducir ese 23% a la mitad, que es la media de los países avanzados de la UE, a las arcas públicas llegarían 21.000 millones de euros (3,5 billones de las antiguas pesetas), que permitirían mejorar las prestaciones sociales", señala Montero. Ese logro, según apunta, no parece alcanzable, y menos aún acercarse a países como Alemania, donde la economía sumergida ronda el 6% del PIB.

José María Peláez, presidente de la Organización Española de Inspectores de Hacienda, apunta que la causa es una, fundamentalmente: "Ningún gobierno ha puesto las medidas necesarias para acabar con el fraude. Cualquier error o despiste del pequeño contribuyente se corrige de manera inmediata, pero las mejoras de la Agencia Tributaria no han ido encaminadas a combatir el fraude más sofisticado" -el 86% de las grandes fortunas defrauda a Hacienda en España-. A su juicio, habría que duplicar la plantilla dedicada a esos menesteres y endurecer las penas que se imponen, de manera que el fraude que supere los 120.000 euros conlleve el ingreso en prisión automático (en la actualidad, si el culplable no tiene antecedentes, evita la cárcel).

Montero, por su parte, destaca que "el constante anuncio de rebajas fiscales desde los partidos políticos envía a la población el mensaje de que pagar impuestos es malo". Es más, "la promesa del presidente del Gobierno de reducir el IRPF en 400 euros se comerá los 5.000 millones recaudados el año pasado con las medidas antifraude".