El sector eólico es responsable de más de 9.000 empleos y ya aporta el 2,56% del PIB andaluz. Son las dos principales cifras que recoge el informe elaborado por la Asociación de Energías Renovables de Andalucía (Claner) y de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), que ayer fue presentado en la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA). Este sector de energía limpia cuenta, además, con una inversión de más de 4.000 millones de euros en la región andaluza.

Tanto el director general de la AEE, Juan Virgilio Márquez, como el presidente de Claner, Alfonso Vargas, destacaron que estos números al alza del sector eólico en Andalucía y España, donde supone el 0,31% del PIB (3.394 millones de euros), evidencian el papel relevante que esta tecnología desempeña actualmente en la economía, con 22.578 profesionales empleados.

Los representantes de ambas organizaciones empresariales coincidieron en subrayar: "Necesitamos avanzar en cinco aspectos clave: estabilidad regulatoria, visibilidad a largo plazo, formulación de un sistema adecuado que garantice la rentabilidad razonable, un método de subastas con calendario establecido y una regulación para la repotenciación y la extensión de vida de los parques eólicos".

Los 3.338 megavatios de potencia que se generan en los 153 parques existentes en Andalucía representan el 14,61% de la energía producida a nivel nacional. De este modo, la energía eólica en Andalucía cubre las necesidades de electricidad de más de 1.445.000 hogares andaluces y evita la emisión de más de 3,6 millones de toneladas de dióxido de carbono cada año.

En la presentación del informe, titulado Estudio Macroeconómico del Impacto del Sector Eólico en España, también participó el secretario general de CEA, Luis Fernández-Palacios.El directivo de la patronal, por su parte, reclamó que se aproveche el "alto potencial" que tienen "nuestra comunidad" para la generación de este tipo de energía "creando un entorno favorable a la inversión". Además, anunció que la CEA ha presentado "una propuesta al nuevo Gobierno para reformar la ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental", con el objetivo de reducir las trabas burocráticas.