En 1992 se establecieron en Maastricht (Holanda) los requisitos para participar en la Unión Económica y Monetaria. Se planteó una especie de ruta de convergencia en variables nominales, que bien podría considerarse en la actualidad como el cuadro de mando básico de los equilibrios económicos fundamentales a corto plazo. Por un lado, tipo de interés, tipo de cambio e inflación, el bloque básico de competencias del banco central, que todavía no existía. Por otro lado, déficit y deuda pública, el bloque díscolo que se pretendió controlar desde el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, pero que hizo aguas desde el primer momento y que a punto ha estado de acabar con el proyecto.

En relación con el primer bloque, la intervención del Banco Central Europeo ha estado plagada de inconvenientes, especialmente en los años posteriores a la crisis de 2008, cuando bajo la presión de Alemania y otros países de su onda, se mantuvo inflexible en la defensa de una ortodoxia monetaria que convirtió a la zona euro en la región más inestable del plantea en términos financieros. Afortunadamente todo cambió en 2012. Europa se apuntó a la corriente de las políticas monetarias no ortodoxas y el euro recuperó posiciones en el mercado de divisas, incluso manteniendo el tipo de interés reducido, cuando en Estados Unidos hace ya tiempo que se iniciaron las subidas. La dificultad de manejar las expectativas ha hecho que la principal fuente de incertidumbre durante los últimos años haya sido la amenaza de deflación. El problema parecía haber entrado en vías de solución en 2017, al menos en España, con tasas de inflación interanuales superiores al 1,5% hasta el mes de noviembre. La realidad es que la recuperación del índice general de precios estaba siendo impulsada por sus componentes más volátiles, en particular por el energético, lo que significa que se mantiene la extraña disociación entre el crecimiento de la economía y el empleo, por un lado, y la contención de precios y salarios, por otro.

En lo que se refiere a las cuentas públicas, la ausencia de convocatorias electorales tendría que haber permitido una transición relajada a lo largo de 2017 y 2018, con avances significativos en la corrección del desequilibrio financiero a corto plazo. En principio, la estimación de Banco de España para 2017, reduce el déficit hasta el 3,2% del PIB, tan sólo una décima por encima del objetivo fijado por Bruselas, pero la realidad es que el dato es bastante menos complaciente de lo que aparenta. La mejora se explica por el aumento de los ingresos tributarios de las administraciones públicas, que durante los tres primeros meses del año crecieron, excluidas las corporaciones locales, un 5,2%, frente al descenso del 1,1% en el mismo periodo de 2016, mientras que los gastos se redujeron un 0,1%. Hay que tener en cuenta, no obstante, que a finales de 2016 se modificó la normativa sobre pagos a cuenta en el impuesto de Sociedades, lo que ha permitido la anticipación puntual de la recaudación. Si se observan los ingresos en tributos compartidos por el Estado y Comunidades Autónomas, entre los que no figura el de Sociedades, la percepción es de una ligera desaceleración.

El interés por el desequilibrio financiero a largo plazo de las cuentas públicas se limitó en Maastricht al endeudamiento público, pero ignoró por completo el sistema de pensiones, a pesar de que el envejecimiento de la población permitía anticipar la inminencia del problema. En España hay que considerar además la financiación autonómica y la realidad es que en ninguno de los tres frentes se está interviniendo con la urgencia y la contundencia que exige el problema. En el caso de la deuda púbica, que alcanza un montante equivalente al del PIB, la solución está directamente ligada a la del déficit fiscal y a la posibilidad de iniciar su reducción antes del previsible aumento de los costes de financiación. En el caso de las pensiones, la confianza Gobierno en la recuperación del empleo y las cotizaciones no deja de ser una solución de carácter cíclico y, por lo tanto, intrínsecamente inestable. Por otra parte, el recurso a financiar con cargo a los presupuestos las pensiones que no sean de origen contributivo, puede ayudar a restaurar temporalmente el equilibrio de la seguridad social, pero mantiene la incógnita sobre la sostenibilidad del sistema a largo plazo. Por último, las deficiencias del actual sistema de financiación autonómico han llegado al punto de provocar el colapso de los servicios públicos fundamentales en algunas comunidades, sin que se perciban indicios de solución antes de las elecciones generales de 2019.

Hubo otros olvidos en Maastricht, como el del saldo por cuenta corriente o la solvencia del sistema bancario. El primero ha permitido a Alemania acumular ahorro durante años (el saldo por cuenta corriente refleja la diferencia entre ahorro e inversión) y resistirse al establecimiento de estímulos fiscales a la inversión y al consumo, propios del papel de locomotora de la economía europea que las circunstancias le han endosado. A pesar de ello, España mantiene desde 2012 un saldo positivo en su cuenta corriente con el exterior (17.163 millones de euros, entre enero y noviembre), aunque algo inferior al de 2016. En lo que se refiere al olvido del potencial desestabilizador de la banca, podría justificarse por la época en que se fijaron los criterios, cuando los episodios de contagio por crisis gemelas (cambiarias y bancarias, simultáneamente) eran todavía una rara especie internacional.