José Ignacio García Pérez

Catedrático de Análisis Económico de la Universidad Pablo de Olavide

La evaluación de políticas, una necesidad social de primera magnitud

Cada año las administraciones se gastan cientos de millones de euros en ayudas a la contratación pero no se estudia luego cuál ha sido el impacto real sobre sus beneficiarios

Trabajadoras de un programa de empleo municipal Trabajadoras de un programa de empleo municipal

Trabajadoras de un programa de empleo municipal

Los datos de contratación y afiliación del pasado mes de marzo vuelven a traer a la palestra lo que es una constante desde hace años: 9 de cada 10 contratos que se firman cada mes en Andalucía son temporales. Pero también es conocido que estos contratos se destruyen igual de rápido que se crean por lo que debemos prestar más atención al stock que al flujo para hacernos una idea más real de cuál es la situación verdadera del mercado de trabajo y de qué tipo de empleo se está creando. Solo así podremos saber si, como se dice por ahí, la precariedad laboral es cada vez mayor y si, además, las políticas públicas que desde distintos ámbitos se llevan a cabo están consiguiendo realmente el objetivo que persiguen o si pueden, en un momento dado, estar provocando consecuencias indeseadas en términos de aumento de la precariedad al haberse diseñado sin una evaluación correcta de su diseño y de su implementación.

Datos contratación y afiliación Datos contratación y afiliación

Datos contratación y afiliación / Dpto. de Infografía

Fuerza de trabajo infrautilizada

Pero primero, los datos. En el gráfico adjunto tenemos la situación a lo largo de los últimos años en Andalucía (y su comparación con el resto de España) en cuanto a la población en edad y disposición de trabajar tomando como fuente de información la Encuesta de Población Activa. Este gráfico nos muestra cómo, de cada 100 andaluces que pueden, quieren y desean trabajar, apenas 50 lo hacen en un puesto de trabajo en el que se usa plenamente sus recursos como factor de producción. Esta fuerza de trabajo está plenamente utilizada si el trabajador está contratado con un contrato indefinido o si se trabaja voluntariamente a tiempo parcial o con contrato temporal o bien si lo hace, también de manera voluntaria, por cuenta propia. El resto de trabajadores, o bien no buscan empleo porque creen que no lo van a encontrar (4,8%), están parados (21,9%), o bien trabajan a tiempo parcial de manera involuntaria (7,8%), o trabajan con contrato temporal también de manera involuntaria (15,6%). Esto es lo que llamamos la fuerza de trabajo que está infrautilizada, que llega al 50,1% del mercado de trabajo en Andalucía a finales de 2018 frente al 34,1% en el resto de España. Andalucía, por tanto, desaprovecha casi 16 personas de cada 100 por tener, sobre todo, una mayor tasa de paro y una mayor tasa de temporalidad que el resto de España.

Subvenciones y planes de empleo público

Las políticas activas de empleo son uno de los principales instrumentos que usan los gobiernos para luchar contra el desempleo o la temporalidad. Dentro de estas políticas, una de las medidas más utilizadas son las subvenciones a la contratación y los planes de empleo público, las conocidas como iniciativas de empleo local. Estas medidas suelen utilizar la vía de la subvención a empresas que contratan desempleados o la financiación directa de la contratación temporal por parte de los ayuntamientos. Sin embargo, a pesar de los cientos de millones de euros que cada año se gastan las distintas administraciones públicas en estas políticas rara vez se publican los resultados de la evaluación del impacto efectivo de estas medidas sobre la empleabilidad de sus beneficiarios. Y puede muy bien estar pasando que estas subvenciones a la contratación estén generando primero contrataciones y luego despidos y poca creación de empleo neto. También puede que muchas de las fluctuaciones en la contratación temporal que se observan en las series de empleo público se deban a las Iniciativas de Empleo Local que, cuando se ponen en marcha, suponen una enorme creación temporal de empleo, y cuando finalizan, distorsionan de nuevo la serie de afiliación y de contratos, en este caso a la baja, resultando de nuevo a la larga en un pobre efecto neto sobre la empleabilidad del que recibe el servicio. Un mejor diseño y, sobre todo, una evaluación a posteriori de ambas medidas sin duda ayudaría a detectar estos fallos en la implementación para corregir los mismos de cara a ediciones futuras.

Herramientas para la atención personalizada

Por eso la evaluación de estas políticas públicas debiera ser, cada vez más, una exigencia social, además de una necesidad política y de gestión de primera magnitud. En el marco actual, además, donde la disponibilidad de datos crece de manera exponencial gracias a las nuevas tecnologías, se hace mucho más fácil diseñar herramientas que ayuden a desarrollar una atención personalizada de los usuarios de dichas políticas. Esta labor de evaluación, además, es útil por el efecto de retroalimentación que produce en el propio proceso de elaboración de las políticas, ya que las conclusiones y recomendaciones de estos procesos de evaluación sirven de base para planificaciones futuras, en un intento de racionalizar la toma de decisiones.

Es una magnifica noticia que el nuevo Gobierno se tome en serio las políticas de evaluación

Es por ello una magnífica noticia ver como esta cultura de la evaluación puede, por fin, empezar a ser tomada en serio en nuestra administración autonómica. Noticias recientes así lo adelantan y, aunque todavía se deben formalizar en hechos y medidas concretas, debemos felicitar a sus responsables por las iniciativas anunciadas. El trabajo será ingente pero el esfuerzo merecerá la pena de cara a incrementar la transparencia y la rendición de cuentas a la sociedad. Con todas las salvaguardas de la confidencialidad que sean necesarias, el avance que se consiga en estos ámbitos ayudará a poner a Andalucía en la vanguardia en cuanto a diseño y gestión eficiente de políticas públicas, siendo éste un paso de gigante de difícil vuelta atrás en el futuro. Un paso adelante que beneficiaría sobre todo a los más vulnerables porque deberían ser las políticas dirigidas a estos colectivos (políticas activas, educativas y de ayuda a la dependencia) las que primero deberían ser evaluadas para conseguir en éstas las primeras mejoras significativas.

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