Tribuna Económica

La financiación que proponen las universidades

Las universidades públicas andaluzas presentaron anteayer a la presidenta de la Junta de Andalucía una propuesta de financiación autonómica. A diferencia de otras autonomías, en Andalucía no es frecuente la implicación de la sociedad civil (aunque las universidades son públicas, los miembros del equipo redactor son profesores independientes) en cuestiones políticamente tan engorrosas, aunque en este caso hay que reseñar que fue la propia presidenta de la Junta quien animó, en su momento, a los rectores a promover la iniciativa.

El resultado es un informe de casi 100 páginas que Susana Díaz recibió del rector de la Pablo Olavide, en representación de sus colegas, y cuya principal propuesta, por sorprendente que parezca, es la de simplificar el sistema. Objetividad, sencillez y transparencia son los primeros objetivos que se marcan, con una finalidad aparentemente accesoria: estabilidad en el tiempo. Cada cinco o seis años, cada vez que se plantea la renovación del sistema, se dispara la crispación política entre partidos, autonomías y Gobierno central. En esta ocasión la temperatura ha alcanzado sus máximos históricos, en parte porque el actual lleva funcionando desde 2009, pero sobre todo porque cada vez lo hace de forma más arbitraria e injusta, especialmente para la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía.

¿Cómo conseguir un sistema transparente y estable en el tiempo? No es fácil, pero si algún camino existe necesariamente pasa por la simplificación. En el actual operan tres fondos, uno de los cuales se divide en dos. El resultado es un laberinto de criterios y variables de reparto, insondable incluso para expertos, pero muy apropiado para el cobijo de peajes e influencias. El grupo de expertos propone un único fondo que se nutra con los excedentes de recaudación en las comunidades con superávit, incluidas las forales, y con transferencias del Estado, para cubrir las necesidades financieras en las deficitarias.

No existe una demanda explícita de solidaridad, aunque sí implícita. Al plantear un mismo nivel de recursos por habitante en todas las comunidades, no sólo se simplifica el sistema y se acaban las arbitrariedades y contradicciones del actual, sino que también ofrece a las comunidades con servicios públicos más reducidos o de peor calidad, la posibilidad de corregir diferencias con el excedente. Se propone además que la única variable de reparo sea la población de derecho, en lugar del veleidoso concepto de población ajustada, que considera como circunstancias de necesidad a la superficie, la estructura de edades de la población o su dispersión, pero ignora otras como el paro o la pobreza.

También se propone la creación de espacios fiscales propios, con el fin de evitar que las habituales tensiones con la administración central interfieran en la autonomía financiera de las comunidades y avanzar de forma efectiva en corresponsabilidad. En última instancia, la propuesta de las universidades andaluzas apunta en la dirección de un sistema simplificado y comprensible, en el que prevalece la equidad y la funcionalidad, en un marco de lealtad institucional y multilateralidad.

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