Tras recibir hace unos días de Pedro Solbes una rotunda negativa a tomar medidas oficiales para reactivar la venta de pisos, la Asociación de Promotores y Constructores (APCE) no ceja en su empeño y ayer anunció que presentará al Gobierno un paquete de iniciativas para animar el sector que incluye una nueva contrapartida: nada menos que bajar los precios de las viviendas. Un stock de medio millón de viviendas sin vender, consecuencia del descenso del 60% que las ventas acumulan desde septiembre, y la perspectiva de que este año sólo se comenzarán a construir unas 250.000 nuevos pisos -la tercera parte de años anteriores- constituyen el escenario actual de un sector que intenta "desatascarse".

Los promotores advierten que si no se frena esta tendencia, la actividad de construcción de viviendas, "la primera de la economía en cuanto a generación de empleo", derivará en problemas de desempleo (alrededor de un millón de desempleados en 2009) y, en consecuencia, de consumo. "Si nosotros no vendemos [pisos], Hacienda no obtiene ingresos y, además, tendrá que pagar subsidios de paro", alertó el secretario general de APCE, Manuel Martí, al Gobierno en clara referencia a la bajada en el superávit del Estado en el primer trimestre de 2008, lastrada por el descenso en la recaudación por IVA debido al parón constructor.

Pese a ello, la patronal asegura que con sus medidas persigue "solucionar los problemas" de quienes quieren comprar una casa, al estimar que la demanda sigue existiendo y está estancada. "No pedimos para nosotros, pedimos para los compradores", garantiza la APCE, que estima "escasas" las medidas aprobadas por el Gobierno. Para ello, proponen un compromiso de "sacrificio" conjunto de Gobierno y sector para facilitar que demanda y oferta de vivienda se crucen. El Ejecutivo articula iniciativas para ayudar a los compradores, en tanto que los promotores acceden a reducir precios en determinados supuestos, pese a asegurar que no pueden hacer "maravillas".

Entre las medidas que los promotores sugieren al Gobierno destaca la articulación de un nuevo tipo de vivienda protegida. Se trataría de una vivienda libre que se convierte en protegida en el momento de su venta. Su financiación contaría con la garantía de que el tipo de interés no superará el máximo de la VPO (actualmente en el 5,09%) durante un periodo de tiempo.

Otra de las propuestas novedosas pasa por adelantar el cobro de la desgravación fiscal ligada a la compra de vivienda, además de actualizarla respecto a la inflación. El comprador la percibiría a través de la nomina mediante una menor retención, y podría disponer así cuanto antes del dinero para afrontar la financiación del piso (medida similar a la deducción de 400 euros). La APCE también sugiere deducciones en la letra de la hipoteca durante cinco años a quien compre una segunda vivienda para ponerla en alquiler, y que no tenga que pasar un año desde que acaba de construirse una vivienda libre para que pueda venderse como protegida.

El presidente de la patronal CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, también auguró ayer malas noticias alrededor de la crisis inmobiliaria y apuntó que "si no se hace nada", el descenso de la construcción de viviendas podría llegar a cobrarse hasta 500.000 empleos este año.