El Gobierno ha aprobado un real decreto ley por el que establece la nueva retribución a las renovables para el próximo periodo regulatorio (2020-2025) en el 7,09%, frente al 7,39% actual. Ofrece, además, mantener a las instalaciones anteriores al recorte a las renovables de 2013 la tasa de rentabilidad actual hasta 2031 incluido, con el fin de poner fin a la litigiosidad, especialmente por parte de los inversores en los tribunales internacionales.

En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, destacó que el objetivo de esta normativa es “dar estabilidad, predictibilidad a los inversores y recuperar la confianza de aquellos que se sintieron traicionados en 2013 cuando cambiaron las premisas”.

En lo que respecta a las instalaciones de renovables, cogeneración y residuos se fija, tal como propuso la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), esa rentabilidad razonable para el periodo 2020-2025 en el 7,09%. En la actualidad es del 7,398% o del 7,503% en función del tipo de instalaciones.

España ya ha sido condenada a pagar 821 millones, no ejecutados por haber recurrido

En un comunicado, el Ministerio consideró que esta retribución implica un ahorro para el consumidor de electricidad, dado que se financian a través de los peajes y cargos que figuran en el recibo de la luz.

Además, la normativa también actualiza la tasa de retribución financiera de la producción de energía eléctrica con retribución adicional en los territorios no peninsulares (TNP). Entre 2020 y 2025, será del 5,58%. Los últimos cinco años ha sido del 6,503%. De nuevo, la medida acarreará menores costes en la factura de la luz, para todos los consumidores y para los Presupuestos Generales del Estado, destacó el Ministerio.

Asimismo, el real decreto ley fija un marco retributivo estable para esas instalaciones renovables afectadas por el recorte aplicado en el Real Decreto 9/2013 para gozar de la actual rentabilidad durante los próximos periodos regulatorios –un total de 12 años–, hasta 2031.

Para acogerse a ello los inversores deberán renunciar a los procesos judiciales o arbitrales en marcha, así como a las indemnizaciones que se les pudiera haber reconocido, tanto a nivel nacional como internacional.

Esta normativa recoge la misma propuesta que ya tramitó el Gobierno a finales del año pasado pero que finalmente no pudo ser aprobada ante la convocatoria de elecciones generales. Ribera consideró que se busca ofrecer una solución a los inversores que permita “mitigar el impacto” de los recortes de 2013 y “mantener la estabilidad y la predictibilidad de su inversión”.

La ministra cifró en un total de 45 laudos los frentes abiertos por inversores contra el Gobierno de España por ese recorte retroactivo, con peticiones de indemnizaciones que ascienden a más de 10.000 millones de euros.

Lo más probable es que la medida del Ejecutivo sea convalidada por el Congreso

Hasta ahora, el Estado ya ha recibido un total de 10 reveses en los distintos tribunales internacionales de arbitraje, con unas condenas por un importe total de 821 millones, aunque las reclamaciones en esos casos ascendían a unos 1.700 millones de euros. “No obstante, no se ha ejecutado el pago de ninguno de estos laudos condenatorios, ya que España sigue ejerciendo su defensa”, indicó Ribera.

La ministra para la Transición Ecológica consideró que esta oferta lanzada por el Gobierno a ese tipo de inversores damnificados “puede ser considerada como una medida que mitiga el impacto de la decisión regulatoria y reduce la litigiosidad pendiente e incluso invita a la renuncia del cobro para poder garantizar la estabilidad en la retribución durante 12 años”, dijo.

La ministra cifró en más de 64.000 las plantas que se vieron afectadas por el recorte a las renovables de 2013, especialmente las situadas en zonas con más incidencial del sol, como el Levante, Castilla-La Mancha y Andalucía. Con la aprobación de este real decreto el Ejecutivo en funciones da respuesta a la demanda del sector de las renovables, que en los últimos meses había pedido que se fijara la retribución para el siguiente periodo regulatorio antes de que expirara el año ante la incertidumbre existente.

A este respecto, Ribera precisó que existían “enormes dudas sobre si se aplicaba una revisión a la baja dramática para muchos inversores” si terminaba 2019 sin su aprobación, que debe ser ahora ratificada por el Congreso de los Diputados, algo que parece bastante probable, ya que hay un consenso amplio entre los partidos.