En un país acostumbrado, al menos hasta la crisis de 2008, a la indiciación endogámica de los salarios, es decir, a que una de las referencias para la revisión salarial en una determinada industria o lugar haya sido las revisiones en otras industrias o en el conjunto nacional, la posibilidad de salarios mínimos diferenciados regionalmente supone una ruptura importante con la tradición. En realidad, lo único que ha dicho el gobierno hasta ahora es que está dispuesto a estudiarlo, siempre que sindicatos y empresarios se pongan de acuerdo, pero el mero hecho de mencionarlo ya es en sí mismo relevante.

Salarios mínimos diferenciados existen en muchos países. Lo habitual es que se apliquen a categorías profesionales o sectores productivos y es bastante normal que, al menos en Europa, se determinen en la negociación colectiva. Menos frecuente es la regulación normativa de un salario mínimo interprofesional (SMI) diferenciado territorialmente.

La principal ventaja social del SMI es la de evitar el abuso de posición dominante por parte de algunos empleadores sin demasiados escrúpulos en las contrataciones, especialmente en épocas de crisis y en zonas de elevado desempleo. El principal inconveniente es que si las empresas limitan su demanda de trabajo a los trabajadores cuya productividad sea superior a los costes de contratación, un SMI elevado repercutirá negativamente sobre el empleo, especialmente entre los trabajadores menos cualificados. Por las mismas razones cabría admitir que la función social de un único SMI será mayor donde también lo sea la posibilidad de abuso en las contrataciones, probablemente en las regiones con más paro. También serán estas mismas regiones, donde la productividad media es más reducida, las más perjudicadas por el impacto negativo sobre el empleo y las oportunidades laborales de los trabajadores menos cualificados, así como también por la posibilidad de fraude.

Si finalmente se establece un salario mínimo diferenciado por regiones, Andalucía quedaría por debajo de la media, debido a que tanto el coste salarial por trabajador como la productividad laboral son también inferiores en aproximadamente en un 10%. Costará trabajo aceptar e un trabajador andaluz reciba una remuneración inferior al el de otra comunidad por el mismo trabajo, aunque esto ya ocurre en la práctica y cabe esperar un mayor atractivo para la inversión. La competencia salarial es un eficaz estímulo a la deslocalización industrial hacia territorios con garantías jurídicas y salarios reducidos, como se pudo apreciar tras la ampliación al este de la Unión Europea. Un caso singular fue el de la reunificación alemana, donde los sindicatos de la parte occidental defendieron la homogeneización salarial con el fin de evitar el riesgo de empresas que, atraídas por los menores salarios, pudieran plantearse emigrar hacia la oriental. Estos eran conscientes de que la equiparación de sueldos con tan acusadas diferencias en productividad podría disparar el desempleo, pero decidieron aceptar el envite ante lo incierto de los reajustes empresariales y la generosidad de las políticas asistenciales.