Tras treinta años como docente en la Universidad Complutense de Madrid, de la fue profesor titular de distintas materias económicas, José Antonio Herce San Miguel (Calahorra, 1951), quien también se licenció en la misma y obtuvo un Master of Arts en economía por la Universidad de Essex (Reino Unido), actualmente es director asociado de Analistas Financieros Internacionales (Afi). Su labor de los últimos años está centrada en la faceta de consultor y conferenciante, toda vez que está especializado en pensiones y productos aseguradores y de inversión para la jubilación.

-¿Propone vincular las pensiones al consumo?

-Sí, más bien al ahorro para las pensiones. Tenemos muchas actividades que nos proporcionan puntos, bonos de descuentos o millas aéreas que no gastamos. A lo largo de una vida de acumulación de puntos, finalmente homogeneizados y destinados a convertirlos en una suma de dinero o en derechos de pensión, podrían dar para el individuo representativo capitales de entre 30.000 y 50.000 euros.

-No es poco.

-No, no es un asunto menor. Ésta es una vinculación con el consumo novedosa y que se está realizando, eso sí de manera muy marginal, incluso en países como España, donde ya hay aplicaciones para dispositivos de todo tipo, que te permiten totalizar puntos obtenidos para convertirlos en cash o en bienes o servicios de otra tienda. También hay aplicaciones que permiten dedicarlo a generar capitales de complemento a la pensión.

-¿Está planteado como una solución individual?

-Ultraindividual. Aquí es cada uno con sus puntos Elena, si queremos denominarlos así. Pero nuestra principal propuesta, formulada en una tribuna hace unos días en el diario El País con los profesores Robert C. Merton y Arun Muralidhar, va un poco más allá.

-Sí, los bonos pensión.

-Exacto. Son bonos ordinarios emitidos por cualquier Gobierno soberano que adquieren los ciudadanos. Sólo se diferencian en que en vez de pagar un cupón semestral o anual, y redimir el principal a su vencimiento, lo que hacen es ir totalizando los cupones y pagarlos de manera programada en el momento que se jubila el inversor. Esos bonos se adquirirían en épocas muy tempranas de la vida laboral o a lo largo de ésta. Y se programan de tal manera que los flujos de renta sean estables tras la jubilación.

-¿Qué aporta ese modelo frente a los productos financieros para la jubilación?

-Aporta claramente la ventaja de que son títulos seguros. Aquí la duración del bono estará en función de la esperanza de vida de cada generación. Se emiten a un bajísimo coste y por tanto se puede intermediar a través de entidades financieras o fondos de inversión, pero el producto lo decide el Tesoro soberano, y no un promotor privado. Son por ello más baratos y son muy líquidos.

-¿Y hay una ventaja de simbiosis con el Estado, que podría financiar con ellos el propio sistema?

-En realidad estos bonos no se emitirían para financiar el sistema de pensiones, sino inversiones productivas. Si financiamos con ellos infraestructuras, éstas se pueden concesionar y producirían durante muchos años una corriente de rentas. Si los bonos se emiten para fines sociales, con usos sin tarifa de mercado, en ese caso es el PIB el que crece, y éste genera rendimientos en términos de impuestos de todo tipo, de ahí la idea de ligarla al consumo, porque el IVA, por ejemplo, tiene una base imponible muy ligada al consumo de los individuos.

"La principal ventaja de los bonos pensión es que, por ser emitidos por estados soberanos, son seguros"

-¿Pero aun sin ir al sistema, la simbiosis existiría entre individuo y Estado?

-Claro. Pero el Estado tiene que devolverlos y pagar los intereses del cupón. Por eso estos bonos no pueden ir a financiar deudas pasadas. No puede servir para financiar un agujero de la Seguridad Social. Hay que tener cuidado con ese manejo.

-¿Por qué nos centramos en los gastos y no en los ingresos al hablar de los problemas del sistema?

-Los ingresos son bastante fijos. A lo largo del tiempo hemos observado en los datos que ese 28,3% que se destina al pago de pensiones logra recabar aproximadamente el 11% del PIB. Es muy difícil sin alternar el tipo que ese porcentaje varíe. Subir las cotizaciones, que ya son muy altas, llevaría a destruir empleo. Hay que hallar una fuente de financiación alternativa que no encontramos fácilmente ni en impuestos generales. Por eso toda la atención se va los gastos, porque la de pensiones es la partida más dinámica en todos los países. Y siempre en aumento.

-¿Por qué no se enfoca en que lo que necesitamos son más cotizantes?

-Porque hay un problema. Como la esperanza de vida sigue creciendo, cada día que pasa vivimos cinco horas más. No es que vayamos a ser inmortales, pero este aumento de la esperanza de vida es letal para el sistema si nos empeñamos en mantener la barrera tiránica de los 65 años, o 67 que no soluciona nada.

-¿Con cotizantes que aportan apenas un tercio de lo que van a recibir, no?

-Por supuesto. Podemos hacernos la trampa al solitario de más niños o más inmigrantes, pero esos nuevos cotizantes tendrán derechos en el futuro. El problema es piramidal. Y radica en la resistencia a variar la edad de jubilación. En 1900 la edad de jubilación era de 65 y la esperanza de vida era de 40. Hoy con el doble de esperanza de vida sigue en 65. La edad equivalente hoy sería de 81 a 91 . No digo que haya que ponerla ahí, sino que llevamos mucho retraso en su actualización.

-¿La digitalización traerá trabajos para esa edad?

-Sí. En eso soy optimista.