El Defensor del Pueblo ha exigido por escrito al Ejecutivo el cierre "inmediato" del campamento instalado desde el pasado mes de agosto en el muelle grancanario de Arguineguín, donde este viernes han amanecido 736 personas, lo que supone un paso más en la presión para encontrar una solución.

En una jornada en la que han sido rescatadas otras 63 personas en dos pateras cerca de Gran Canaria, el defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha anunciado que la próxima semana visitará el muelle, que llegó a albergar a 2.600 personas a comienzos de noviembre.

Su exigencia es que el cierre de ese espacio como campamento para inmigrantes sea inmediato, en tanto que el Ministerio del Interior recalca que se trabaja "contrarreloj" tras la habilitación en el espacio cedido por Defensa en el antiguo polvorín de Barranco Seco, en Las Palmas de Gran Canaria de un campamento con capacidad para 800 personas como Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE).

Las fuentes han añadido que se están adecuando las instalaciones para que los migrantes puedan permanecer en ellas de la forma más digna posible y que poco a poco se irá evacuando Arguineguín.

AI y CEAR alzan la voz

En consonancia con la exigencia del Defensor, organizaciones como Amnistía Internacional o la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) han pedido, entre otras cuestiones, que se reactiven los traslados a centros de la península, algo a lo que se niega el Gobierno salvo en caso de personas vulnerables o solicitantes de protección internacional.

Esas organizaciones, al igual que el Ejecutivo canario o Human Rights Watch (HRW) han reclamado de forma reiterada el cierre del campamento de Cruz Roja en el muelle por sus condiciones de hacinamiento.

También lo ha hecho el juez del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), Arcadio Díez Tejera, quien ha revelado testimonios de personas que han permanecido más de tres semanas allí, cuando el máximo deben ser 72 horas.

El cierre de Arguineguín es uno de los frentes que debe resolver con urgencia el Gobierno; otro es la reubicación de las miles de personas alojadas en hoteles de Mogán, cuya alcaldesa, Onalia Bueno (CIUCA), ha dado un ultimátum a esos establecimientos para dejar de acogerlos antes de fin de año.

El presidente de Canarias, el socialista Ángel Víctor Torres, ha salido al paso de ese ultimátum y de exigencias de este tipo ante la "situación dramática" que entraña la vigente crisis migratoria.

Torres ha destacado la "ejemplar" respuesta de los hosteleros y ha recordado que el Ministerio de Migraciones trabaja para encontrar otros espacios, "que es lo que debe ser", para que los hoteles puedan dedicarse al turismo.

El plan del ministro José Luis Escrivá es realojar en breve en campamentos a los 6.000 inmigrantes acogidos en hoteles para, posteriormente, albergarlos en otras 7.000 plazas habilitadas en inmuebles cedidos por Defensa, Bankia y algunas corporaciones locales.

"Eso es lo que están pidiendo los empresarios, a los que agradezco la colaboración que han tenido. Lo que me parece es que no se puede decir que tiene que ser el 31 de diciembre sí o sí, porque, si finalmente es el 5 de enero, ¿qué hacemos con esas personas, las mandamos a la calle?", ha manifestado el presidente canario.