Ciudadanos someterá a votación esta semana en el Parlamento una iniciativa con la que persigue que el Tribunal de Cuentas se encargue de fiscalizar el posible desvío de recursos públicos a la organización del referéndum independentista del 1-O.

El partido naranja registró esta proposición no de ley el pasado mayo, después de que el Gobierno de Mariano Rajoy viniera asegurando que no se había destinado ni un euro público a la financiación de esa consulta ilegal. Nueve meses después, su texto será debatido el próximo jueves en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.

En su propuesta, informa Europa Press, los de Albert Rivera buscan en concreto que la institución que ahora preside María José de la Fuente incluya en su Programa de Fiscalizaciones para 2018 un informe integral sobre la posible financiación con dinero público del 1-O.

Según recuerda Cs, el entonces ministro de Hacienda Cristóbal Montoro aseguró que el Estado garantizaría que “ni un solo euro del presupuesto de la Generalitat” fuese destinado a financiar partidas declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, ni que las decisiones políticas de la Generalitat pudieran poner en riesgo la prestación de los servicios públicos de competencia autonómica.

Alegaciones de Trapero

La Audiencia Nacional estudia el martes por su parte las alegaciones planteadas por las defensas de dos acusados en el juicio contra el mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero y la ex cúpula de Interior catalana por no frenar el asedio frente a la Consejería de Economía el 21 de septiembre y por el 1-O.

La sección primera de lo Penal, que juzgará estos hechos, analizará estas cuestiones en una vista del artículo de previo pronunciamiento, que ha sido solicitada por el ex secretario general de Interior César Puig y a la que se ha adherido el ex director de los Mossos Pere Soler, mientras Trapero ha declinado dar ese paso.