El magistrado Baltasar Garzón ha recusado a cinco de los siete jueces designados para juzgarle el 29 de noviembre por ordenar escuchas telefónicas entre los cabecillas del caso Gürtel en prisión y sus abogados, alegando que están contaminados por haber intervenido ya en la causa.

Los jueces a los que Garzón pide apartar del juicio por haber participado en la instrucción de la causa y haber resuelto recursos, son el presidente de la Sala de lo Penal Juan Saavedra y los magistrados Perfecto Andrés Ibáñez, José Ramón Soriano, José Manuel Maza y Julián Sánchez Melgar, han informado fuentes jurídicas.

Otras fuentes consultadas han advertido de que la recusación podría retrasar el inicio del juicio, teniendo en cuenta que el incidente que planteó para apartar a otros cinco magistrados que debían juzgarle por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo tardó seis meses en resolverse.

No obstante, en aquella ocasión, la Sala Especial del 61 del Supremo, encargada de estudiar los incidentes de recusación, tuvo entre medias que resolver la ilegalización del partido de la izquierda abertzale Sortu y la impugnación de la candidatura de Bildu para presentarse a las elecciones del pasado mayo.

En su escrito, la defensa de Garzón invoca precisamente la decisión de la Sala del 61, que el pasado junio aceptó la recusación de cinco de los siete magistrados que componían el tribunal que debía juzgarle por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo, juicio aún pendiente de señalamiento.

El Alto Tribunal apartó a esos cinco magistrados -Adolfo Prego, Juan Saavedra, Joaquín Giménez, Francisco Monterde y Juan Ramón Berdugo- diciendo que así se evitaría la existencia de un "tribunal precondicionado" que hubiera participado en la instrucción.

Recuerda además que, al amparo de esa resolución, el magistrado Perfecto Andrés Ibáñez pidió abstenerse de formar parte del tribunal que debe juzgarle por las escuchas de Gürtel, alegando haber formado parte de la Sala que admitió la querella por esa causa y por haber resuelto recursos.

En ese caso, sin embargo, y según rememora el escrito de recusación, "sus compañeros de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo" le rechazaron la abstención, argumentando que no se puede deducir que "la admisión a trámite de una querella, por sí sola, menoscabe la irrenunciable incompatibilidad funcional entre las tareas de investigación y enjuiciamiento".

Respecto a Andrés Ibáñez, según el abogado de Garzón Francisco Baena Bocanegra, otro motivo de recusación es un artículo publicado en la revista de la asociación Jueces para la Democracia, titulado "No se debe opinar -y menos aún informar- con las tripas. Imprescindible ejercicio de contextualización".

El tema de ese artículo es "precisamente el procedimiento seguido contra Garzón por autorizar la intervención de las comunicaciones en el caso Gürtel" y "el papel jugado por el instructor Alberto Jorge Barreiro -de quien Perfecto Andrés hace una encendida defensa-".

Considera el letrado que en ese artículo, el magistrado "hace valoraciones de fondo sobre el asunto llamado a enjuiciar" y critica a la Fiscalía por pedir la absolución de Garzón recordando el caso de "otro conocido juez instructor enjuiciado y condenado en su día por prevaricación" en alusión a Javier Gómez de Liaño.

En lo que se refiere a los magistrados recusados, la defensa del juez de la Audiencia Nacional, suspendido de sus funciones en mayo de 2010, observa que estos han mostrado "interés directo en juzgar a Garzón" y para ello "habrían evitado pronunciarse sobre las cuestiones que les eran sometidas en los diferentes recursos (...) con la pretensión de evitar todo riesgo de contaminación".

La causa por las escuchas de Gürtel fue abierta a raíz de la presentación de una querella por parte de Ignacio Peláez, abogado de uno de los imputados en esa causa que solicita diez años de inhabilitación para él, mientras que la representación del considerado cerebro de la trama, Francisco Correa, pide diecisiete años de inhabilitación.