El informe de los servicios jurídicos de la Generalitat sobre la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló la declaración de soberanía del Parlamento catalán concluye que dicho fallo da un "sólido amparo" al ejercicio del derecho a decidir de Cataluña y supone un "revés" a algunas de las pretensiones del Gobierno. Tras analizar las conclusiones de este informe, el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, ha afirmado que "es posible organizar una consulta de acuerdo con el ordenamiento jurídico, y esta argumentación, desde la perspectiva del Gobierno catalán, nos será de utilidad para organizarla el 9 de noviembre" de este año. 

Homs ha afirmado que el informe de la Generalitat considera que el Tribunal Constitucional no se tendría que haber pronunciado sobre una declaración del Parlamento catalán que es "política", pero, como al final ha habido pronunciamiento, el mismo fallo ofrece ahora unos fundamentos jurídicos "hasta cierto punto inesperados" que, a su juicio, avalan los argumentos que ya tenía la Generalitat a favor de la consulta. "Pensábamos que ya teníamos argumentos, pero no teníamos una sentencia del Constitucional que diga que cabe -el derecho a decidir- en la Constitución", ha ahondado el consejero, quien ha considerado que la "virtud" de que el alto tribunal se haya pronunciado es que "da un sólido amparo jurídico a las actuaciones impulsadas por las instituciones catalanas para hacer efectivo el derecho a decidir". 

Homs ha instado al Gobierno del PP a "reflexionar" después de que, según la Generalitat, la sentencia del Constitucional haya "diluido como un terrón de azúcar en leche caliente" algunas de las pretensiones del Ejecutivo central, pese a que el tribunal sí que tumbó que Cataluña sea sujeto "político y jurídico soberano" y anuló la declaración, pero en cambio aceptó el ejercicio del derecho a decidir dentro de los cauces legales. El portavoz de la Generalitat ha apelado al Gobierno a "hacer autocrítica" y a ser "honrados" para aceptar que sus argumentos, en su mayoría, no han sido aceptados. 

El consejero portavoz también ha dicho que le "sorprende la vehemencia" de miembros del Gobierno "al decir que lo que es o no constitucional", cuando el Constitucional pone de manifiesto, en su opinión, que "se equivocan". Para Homs, estos pronunciamientos del Ejecutivo central responden a un posicionamiento "político" y no jurídico, ya que "el Gobierno español, de ninguna de las maneras, quiere ni querrá que Cataluña se pueda expresar a través de una consulta", ha dicho. 

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha presidido la reunión del Ejecutivo catalán en la que los miembros del gabinete han analizado el informe de 18 páginas elaborado por los servicios jurídicos de la Generalitat bajo la batuta de Carles Viver Pi-Sunyer, director del Instituto de Estudios Autonómicos y presidente del Consejo Asesor para la Transición Nacional. La conclusión de la Generalitat es que la sentencia tiene elementos "inconsistentes" e incluye "esfuerzos argumentales débiles y contradictorios", ya que "no es capaz de descubrir ningún efecto jurídico real y efectivo" de la declaración del Parlamento catalán, que Homs ha insistido en que es "política".