La histórica ex dirigente de ETA Soledad Iparaguirre, alias Anboto, fue entregada el 4 de septiembre de 2019 para responder ante la Justicia española por doce causas. Un año y ocho meses después, acumula cinco condenas, dos absoluciones y aún tiene cinco procedimientos abiertos a la espera de juicio.

En su última sentencia, conocida este martes, la Audiencia Nacional impone 46 años de prisión para Iparaguirre por dos delitos de asesinato en grado de frustración y un tercero de estragos por la colocación en 1987 de una bomba trampa contra la Guardia Civil en la localidad guipuzcoana de Escoriaza.

Una condena, la quinta, que eleva a más de 250 años de prisión los acumulados por Iparaguirre, a quien Instituciones Penitenciarias ha acordado recientemente trasladar a la cárcel de Álava, una decisión cuestionada por asociaciones como la AVT.

La histórica exdirigente de ETA, voz, junto a Josu Urrutikoetxea Josu Ternera, del comunicado que anunció la disolución de la banda terrorista en 2018, fue detenida en 2004 junto a su pareja, Mikel Albisu Mikel Antza, que cumplió condena en Francia como jefe político de ETA.

Desde que fue entregada por las autoridades galas en septiembre de 2019, tras cumplir allí condena, se ha sometido a siete juicios en España, de los que ha resultado absuelta en dos ocasiones, y todavía le quedan otros cinco procedimientos pendientes.

De las condenas, la más relevante para los investigadores es la que confirmó el Tribunal Supremo: 122 años de prisión por el asesinato del comandante del Ejército de Tierra Luciano Cortizo en 1995, en León, por la explosión de una bomba lapa en su coche.

La importancia reside en que el Supremo confirmó que había pruebas suficientes para deducir, en contra de lo que sostenía la condenada, que Iparaguirre respondía al alias de Anboto, que fue quien "fijó el objetivo, facilitó los explosivos y dio instrucciones" para fabricar y colocar la bomba.

La unanimidad que existió entre los jueces en aquella sentencia se ha repetido en otras cuatro condenas, mientras que las dos veces que ha sido absuelta la resolución ha contado con el voto particular de uno de los tres magistrados del tribunal.

Ocurrió con su absolución de un atentado frustrado en el polideportivo de Mendizorroza (Vitoria), en 1985. En la balanza del tribunal pesó la "duda racional" creada por la contradicción entre dos informes: en un atestado de 1985 sólo se halló la huella de un etarra en el coche bomba, mientras que otro informe, de 2019, confirmó que había huellas de Iparaguirre, pero no se aportó "otro elemento concluyente". Una tesis de la que discrepó el juez Fernando Andreu, que creyó que había pruebas suficientes para condenarla.

Aquella fue su segunda absolución. La primera, por un atentado contra un cuartel en Oviedo en 1997, se produjo al estimar el tribunal que los hechos eran "cosa juzgada" al haber sido condenada en Francia como dirigente de ETA y por preparar atentados en España, aunque otra jueza, María Fernanda García, también discrepó. El Supremo deberá pronunciarse sobre ambos casos.

A lo largo de los siete juicios a los que se ha enfrentado en España, Iparaguirre ha rechazado someterse al interrogatorio de las acusaciones (Fiscalía y AVT en la mayoría de los casos), pero sí que ha utilizado su turno de última palabra, donde ha criticado que se la juzgue por hechos sucedidos hace más de veinte años, en lo que ella entiende una "muestra de justicia vengativa".

La exdirigente de ETA ha apelado constantemente al diálogo y ha criticado que la Audiencia Nacional esté "cerrando en falso" la historia de la banda terrorista, y en una de sus intervenciones, cuando lamentó el "silencio sobre las torturas" que dijo haber sufrido, provocó que la presidenta de la Sala, Manuela Fernández Prado, la interpelase para señalar: "Entenderá que cuando usted quiere poner sobre la mesa víctimas de torturas debería poner también las víctimas de su organización".

A Iparaguirre todavía le queda un extenso horizonte judicial, que seguirá probablemente con el juicio en el que está acusada de ordenar el asesinato del rey Juan Carlos con motivo de su asistencia a la inauguración del Museo Guggenheim de Bilbao en 1997, y que fue aplazado el pasado marzo.

Pendiente de juicio también está, por ejemplo, el atentado contra el cuartel de la Guardia Civil en Sallent de Gállego (Huesca) el 9 de agosto de 1997; o el ataque contra el Palacio de Justicia de Amurrio (Alava) el 30 de noviembre de 1996, ambos sin víctimas, aunque fuentes jurídicas consultadas por Efe no ven descabellado que se le puedan abrir más procedimientos.