El Consejo de Ministros ha dado su primer visto bueno al anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible, que establece un nuevo marco regulatorio para el transporte y la movilidad en España y faculta al Gobierno a realizar un estudio para implantar un sistema de pago por uso en la red de carreteras del Estado que garantice su mantenimiento.

El texto no define ningún modelo de pago por uso, según ha subrayado la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, que se ha comprometido a que este sea "fruto del consenso entre los agentes implicados".

"La ley no establece ningún modelo definido ni el plazo para entrar en vigor, sino que faculta al Gobierno para que realice los estudios de alternativas que permitan establecer ese mecanismo de financiación, pero es una cuestión compleja y el consenso de las administraciones y agentes del sector es una condición 'sine qua non' para definir ese modelo", ha explicado la ministra.

La futura norma, con la que el Gobierno pretende contribuir al cumplimiento de los objetivos internacionales de reducción de gases efecto invernadero y emisiones contaminantes en el transporte, obliga a las empresas con 500 o más empleados a elaborar planes de movilidad sostenible que, por ejemplo, faciliten el uso del transporte público o compartido, los vehículos eléctricos o la bicicleta en el transporte diario al trabajo.

También abre la puerta a que los ayuntamientos puedan establecer una tasa por la circulación de vehículos en las zonas de bajas emisiones e instaura el Sistema Nacional de Movilidad para garantizar la cooperación y colaboración de todas las administraciones en materia de transportes y movilidad.

Nuevo mapa concesional de transporte por carretera

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Raquel Sánchez ha anunciado que en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, y aprovechando la capacidad de licitar al mercado un gran numero de concesiones, se va a "reordenar el transporte regular de viajeros por carretera de competencia estatal con un nuevo mapa concesional".

Según la ministra, dichas concesiones permitirán "prestar un mejor servicio previendo, en determinados tráficos, la cofinanciación de las comunidades autónomas y otras entidades".

Estas concesiones se someterán a revisión cada cinco años, con la correspondiente rendición de cuentas, y por primera vez se contempla que una parte de los servicios pueda prestarse en régimen de libre concurrencia.

La ley también regula la contribución del Estado, en condiciones homogéneas en todo el territorio, a la financiación del transporte público urbano, para lo cual crea el fondo estatal para el sostenimiento de la movilidad urbana, que gestionará el Ministerio de Transportes a partir de 2023.

Sistema de planificación de infraestructuras

Sánchez también ha destacado que esta ley cambia el sistema de planificación de las nuevas infraestructuras, de manera que habrá "procesos de evaluación más rigurosos, en los que se dará participación a evaluadores independientes".

Ha explicado que será "obligatoria una evaluación multimodal antes de construir una nueva infraestructura, que deberá ser sometida al consejo asesor".

También habrá que realizar un estudio de la rentabilidad socioeconómica de la obra y, a los cinco años de la puesta en marcha del servicio, se exigirá otra evaluación pública que será objeto de informe por parte de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).

Ahorro de 8.000 millones en 10 años

Asimismo pone de manifiesto la importancia estratégica del transporte de mercancías como sustento de la actividad económica del país y, aunque mantiene la libre concurrencia, prevé que el ministerio elabore un código y un registro de buenas practicas y que fortalezca la transparencia en el proceso de licitación de obras.

La ministra ha estimado que las medidas que contempla la ley van a reducir las ineficiencias en el gasto de las inversiones publicas torno a 8.000 millones de euros en una década y que aumentará la productividad de las empresas hasta un 3,3 % en el mismo periodo.

Tras la primera lectura que ha efectuado este martes el Consejo, el Ministerio de Transportes iniciará en las próximas semanas el trámite de audiencia e información pública del anteproyecto.

Menos coches en las ciudades

El nuevo marco regulatorio parte del reconocimiento de la movilidad como un derecho de toda la ciudadanía que debe avanzar hacia una movilidad respetuosa con el medio ambiente y la salud.

En esa línea busca que las ciudades prioricen la "movilidad activa" (caminar, ir en bici) y el transporte público colectivo, y que ofrezcan alternativas atractivas al vehículo privado, tanto desde los servicios de transporte tradicionales como desde nuevos sistemas de transporte público a la demanda, sistemas privados de movilidad colaborativa o servicios de movilidad compartida.