El grupo socialista votará en contra de la proposición de ley presentada por el PP para castigar con penas de cárcel de entre tres y cinco años a los cargos o funcionarios que convoquen referéndums como el del 1 de octubre de 2017 en Cataluña, han informado a Efe este martes fuentes parlamentarias socialistas. 

El no del PSOE a esta propuesta del PP provocará previsiblemente que no se tome en consideración en el Congreso, por lo que sería rechazada. Unidos Podemos y los grupos nacionalistas votarán también en contra. 

Por tanto, los síes de la bancada del PP y de la bancada de Ciudadanos no serán suficientes para que la proposición siga su curso en la Cámara Baja. 

Fuentes socialistas han explicado su rechazo por cuanto en el Código Penal ya existen instrumentos para castigar este tipo de convocatorias de consultas, como demuestra, añaden, la celebración del juicio del procés que estos días tiene lugar en el Tribunal Supremo. 

Argumentan estas fuentes, además, que los referéndum que ahora quiere castigar con cárcel el PP se produjeron durante la etapa de gobierno de Mariano Rajoy. 

El responsable de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, señaló este lunes estos argumentos, aunque no avanzó la posición de su grupo, que se ha conocido este martes, precisamente con ocasión de la reunión del grupo socialista previa a los plenos. 

El grupo popular, defenderá por medio de su portavoz, Dolors Montserrat, la proposición de ley.

Las Cortes se disolverán el 5 de marzo

Será un debate político, toda vez que lo que se votará después es la toma en consideración de la medida, es decir, su tramitación parlamentaria. que se antoja inviable ante la anunciada negativa del PSOE y habida cuenta de que las Cortes se disolverán el próximo 5 de marzo, por lo que no hay tiempo para completar el trámite en el caso de que la proposición fuera aprobada. 

En su texto, recogido por Europa Press, el PP sostiene que el Código Penal es una norma "viva" que se adapta "con rigor a los acontecimientos sociales que supongan un reto o amenaza sobre los valores y principios básicos de convivencia social", y apuesta por introducir este cambio para "reforzar el Estado de Derecho y las instituciones del Estado".

Al hilo del llamado Plan Ibarretxe, el Gobierno de José María Aznar ya introdujo en 2003 los artículo 506 bis, el 576 bis y el 521 bis para castigar con penas de tres a cinco años de prisión e inhabilitación a la autoridad que convocara un proceso electoral o consulta por vía de referéndum careciendo de competencias para ello. Sin embargo, esa reforma se derogó con la llegada del PSOE a La Moncloa.

El PP considera que, transcurridos más de diez años de esa despenalización, "los acontecimientos recientes de la historia de España" demuestran que promover conductas como la convocatoria ilegal de referéndum revisten "suficiente entidad como para merecer un reproche penal" y tener un efecto disuasorio.