La buena sintonía que están mostrando Pedro Sánchez y Pablo Iglesias empieza a hacer aguas poco más de un mes y medio desde que se formara el Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos.

La política de inmigración ya desató este martes las primeras fricciones entre los dos socios de gobierno. Interior está acelerando las deportaciones a Mauritania para aliviar el aluvión de cayucos sobre las Islas Canarias, donde este enero se ha multiplicado por 17,7 la llegada de pateras respecto al año anterior, en vivo contraste con la evolución de este fenómeno en el resto de la costa española, donde sigue cayendo a tasas superiores al 50% interanual.

El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska también se ha congratulado por el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha bendecido las devoluciones en caliente, y trabaja en una nueva ley de asilo, más restrictiva.

Todo lo cual ha caído como un jarro de agua fría en el seno de Podemos. "Es lo contrario de lo que figura en el acuerdo de coalición", denuncian desde las filas moradas, justo el día en el que se ha puesto en marcha la Comisión Permanente de Seguimiento del Acuerdo de Coalición, que ya ha formado la llamada Mesa Permanente. 

Según el protocolo de funcionamiento firmado por PSOE  Unidas Podemos el 7 de enero, inmediatamente después de la investidura de Pedro Sánchez, la Mesa Permanente deberá "revisar el funcionamiento de la coalición" y "el cumplimiento de los objetivos propuestos", además de "coordinar la acción entre ambos socios", y hasta "unificar criterios y consensuar posiciones políticas".

Aunque las seis primeras semanas han discurrido con suma lealtad de los de Iglesias a su socio mayoritario (el sapo que se ha tragado Podemos con la designación de la otrora vilipendiada ex ministra de Justicia Dolores Delgado como fiscal general del Estado es un buen  botón de muestra), la comisión de control va a tener bastante trabajo.

Seguridad y derechos humanos

Por lo pronto, Unidas Podemos rechaza que prime una política de seguridad frente a las garantías de los derechos humanos en materia migratoria. 

El segundo aldabonazo ha salido este jueves a la luz, a cuenta de la ley de la futura ley de libertad sexual que promueve el Ministerio de Igualdad. que dirige Irene Montero (Unidas Podemos). Socialistas y morados acordaron blindar en su acuerdo de gobierno que "sólo sí es sí", lo que supone garantizar que el consentimiento de la víctima sea clave en los delitos sexuales. Montero tiene previsto impulsar antes del 8-m (Día Internacional de la Mujer) una ley de libertades sexuales que incluye este asunto. Pero desde Unidas Podemos han acusado al Ministerio de Justicia de bloquear la subsiguiente reforma del Código Penal.

El Gobierno se ha apresurado este jueves a quitar hierro a los tímidos choques. Desde Bruselas, el propio Sánchez también ha tratado de zanjar la polémica con la garantía de que la norma estará dispuesta el 8-M. "Es una ley muy ilusionante para las dos formaciones de la coalición progresista. Tenemos que modificar el Código Penal para dar mayor seguridad a las mujeres. Llegaremos a tiempo, pero más allá de la fecha [el 8 de marzo] que cumpliremos con ella, lo importante es que nos vamos a volver a situar a la vanguardia de la igualdad de genero y la protección de las mujeres".

PSOE y Podemos se han marcado en su programa de gobernabilidad ambiciosas reformas, como la subida de impuestos a las rentas más altas, la derogación de la reforma laboral, la supresión de la asignatura de Religión para configurar la nota media (lo que muchos alumnos aprovechan para elevarla sin grandes esfuerzos de cara a becas o el acceso a estudios superiores), una ley contra el cambio climático, para la eutanasia, protección de los menores... o, por supuesto, la búsqueda de una salida dialogada al laberinto del conflicto catalán.

De momento parece que es Iglesias el que está capitalizando el gran hito hasta el momento del mandato de Sánchez, que se resume en tres letras: SMI: la subida del salario mínimo interprofesional de 900 a 950 euros. Lo que supuso todo un alivio para Unidas Podemos, que pasaba triunfal de las soflamas y las palabras a los hechos.

Lucha por el protagonismo

Diluidos en la agenda del mayoritario Gabinete socialista, el propósito de los morados es recuperar terreno y cobrar protagonismo de la mano de la agenda social, no sea que la ciudadanía se quede con la foto fija de Iglesias dejándose las manos aplaudiendo a Sánchez sus intervenciones en el Congreso.

Pasado el tiempo del acoplamiento, la logística y la configuración de equipos, Unidas Podemos intenta ganar relevancia con el impulso de iniciativas. En el caso del vicepresidente segundo, tiene decidido que la primera medida impulsada desde el departamento de Derechos Sociales sea la ley de protección especial de la infancia y la adolescencia. "Lo vamos a hacer muy pronto", "va a ser de las primeras iniciativas", ha prometido Iglesias.

Y por lo pronto ya hay un ministro bastante marcado, trasquilado...: José Luis Ábalos, cada vez más atrapado en el llamado Delcygate. Y ha elevado el tiro de la oposición hasta el propio Sánchez. Ya no se trata de que el ministro de Transportes (y hombre fuerte del PSOE, es su secretario de Organización) no dijera la verdad sobre su reunión en Barajas con la vicepresidenta venezolana, sino de que no lo hiciera el Ejecutivo en pleno.