Los socios de investidura de Pedro Sánchez y la oposición, encabezada por el PP y Vox, han iniciado el nuevo curso político en el Congreso con ataques al Gobierno por la crisis que se avecina, alertando de una cesta de la compra encarecida, una inflación disparada y unos tipos de interés en alza que pueden trasladarse a las hipotecas.

De hecho, el mercado hipotecario ha centrado buena parte de la primera sesión de control al Gobierno que ha abierto el nuevo periodo de sesiones tras las vacaciones estivales.

Mientras PP y Vox han reprochado a Sánchez que no se preocupe por la gente de la calle ni por España, los aliados parlamentarios como ERC o EH Bildu han criticado que las medidas para proteger a las familias frente a una inflación de más del 10 % sean poco valientes y "rácanas".

"Hemos apoyado sus iniciativas, pero suelen ser rácanas y poco valientes. ¿De qué sirve una reforma laboral que crea más puestos indefinidos pero más precarios?...esto es la gasolina de las derechas", avisaba de nuevo el portavoz republicano, Gabriel Rufián, que ha propuesto un fondo de rescate para las familias que no pueden pagar los créditos de su vivienda.

Y es que tras aprobarse la tramitación de los dos gravámenes temporales a los beneficios de la banca y las eléctricas, otros socios como EH Bildu han pedido este miércoles al Gobierno "hacer mucho más y exigir que se cancele el alza previsto de las hipotecas".

"Habrá que intervenir el mercado inmobiliario, y eso es ponerse del lado de la gente", le ha dicho el diputado de Bildu Oskar Matute a la vicepresidenta económica primera, Nadia Calviño.

También el primer cara a cara entre Sánchez y la portavoz del PP, Cuca Gamarra, se ha centrado en el precio de la cesta de la compra, en el recibo de la luz y en la vivienda.

En un debate bastante plano el presidente ha defendido los 30.000 millones de recursos públicos destinados a paliar las consecuencias de la guerra en Ucrania y a aliviar el encarecimiento de la vida y Gamarra le ha acusado de "no poder pisar la calle" y estar alejado de la "España real".

Los populares insisten en que se debe ajustar el IRPF y rebajar el IVA de los alimentos al tiempo que Vox pide derogar la Ley de Cambio Climático y alerta de que se avecina "el invierno más duro en décadas".

"Ustedes no defienden España; ustedes defienden otros intereses que son los intereses de los de arriba, no los de la clase media trabajadora", le ha respondido el jefe del Ejecutivo a PP y Vox tras cargar contra los populares por votar "no" a la toma en consideración de los dos nuevos impuestos extraordinarios.

Sobre todo después de que la Comisión Europea haya propuesto un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de compañías de combustibles fósiles.

Fuentes del Ejecutivo creen que la negativa del PP a debatir estos gravámenes en España ha creado una situación "incómoda" para algunos de sus miembros y que ha "descolocado" en algunos ayuntamientos del PP, sobre todo de cara a la próxima cita electoral.

Los ministros económicos han sido protagonistas de la sesión plenaria y tanto Calviño como la ministra de Hacienda, María Jesús Montero y la de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se han afanado en explicar las medidas adoptadas, sobre todo en el ámbito energético, para paliar la subida de los precios.

El Gobierno está dispuesto a estudiar más medidas para aliviar la carga económica de los ciudadanos, "también en el entorno de las hipotecas", pero siempre que sean "compatibles con la bajada de la inflación", ha recalcado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, minutos después de que el líder de Más País, Íñigo Errejón pidiera también una intervención en las hipotecas y en la cesta de la compra.

"Somos conscientes de las dificultades de las familias...el Gobierno seguirá trabajando para proteger a la ciudadanía", recalcaba Calviño al tiempo que Ribera ha recordado que en los casi tres meses que se aplica la denominada "excepción ibérica" o tope al gas para generación eléctrica, la economía española se ha ahorrado 2.300 millones de euros.

Sin embargo, el PP ha arremetido contra el Gobierno de coalición por la propuesta de Unidas Podemos de limitar los precios de una cesta de la compra, que la parte socialista del Ejecutivo insiste en que debe ser voluntaria.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se ha reafirmado hoy en que no está estudiando ninguna propuesta de control de precios que pueda fijar una cesta básica de alimentación con un precio máximo.