El Tribunal Constitucional ha dado un nuevo paso para resolver el recurso contra la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), la conocida como la enmienda Casas, a través de la cual se prorrogó el mandato de la actual presidenta. Tras una reunión, el Alto Tribunal decidió ayer admitir las recusaciones de dos magistrados del ala conservadora, solicitadas por la Abogacía del Estado, quienes se oponían a la última reforma de la ley.

Roberto García Calvo y Jorge Rodríguez Zapata ya no podrán formar parte de la Sala que estudie el recurso presentado por el PP contra la reforma de la LOTC.

El Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, les recusó el pasado 19 de octubre por considerarlos "contaminados" para resolver el recurso contra la LOTC, después de que el pasado mes de junio manifestaran en un escrito su "más profunda discrepancia" con la reforma de esta ley. En su escrito, los dos magistrados criticaron especialmente el artículo de esa norma que prorrogó automáticamente el mandato de María Emilia Casas -adscrita a la considerada corriente progresista-, cuya dimisión pidieron expresamente.

Dada la actual composición del Constitucional, donde el sector progresista y el sector conservador cuenta cada uno con seis magistrados, la presidencia es especialmente importante porque este cargo lleva aparejado el voto de calidad decisivo para romper eventuales empates en las votaciones. Así, asegurarse la mayoría en el pleno, aunque sea mediante el voto de calidad del presidente, es determinante cuando el TC debe pronunciarse en los próximos meses sobre la constitucionalidad de algunas de las leyes más significativas de la última legislatura: la del matrimonio homosexual, el Plan Hidrológico Nacional y, por supuesto, el Estatuto catalán, recurridas todas ellas por el PP.

Fue por ello que, después de que el Gobierno recusara a García-Calvo y a Rodríguez-Zapata, el PP recusó a su vez a tres magistrados progresistas -Manuel Aragón, Pascual Sala y Pablo Pérez Tremps- con el argumento de que ellos también se habían pronunciado sobre la reforma de la LOTC, en este caso a favor.

Las recusaciones del PP, sin embargo, no se basaban en ningún documento suscrito por estos magistrados, sino en una información periodística sobre lo dicho por ellos en una reunión mantenida en la sede del tribunal que fue desmentida por todos y cada uno de los asistentes a ese encuentro: los recusados, la presidenta Casas y los conservadores Guillermo Jiménez y Ramón Rodríguez Arribas. Ese rotundo desmentido llevó el 27 de octubre al Constitucional a rechazar a limine (de plano) tramitar las recusaciones del PP.

El tribunal esquivó así la amenaza de bloqueo pues el pleno del TC sólo puede tomar decisiones si está compuesto por un mínimo de ocho magistrados, que serán los jueces que resolverán el recurso del PP contra la LOTC.