España

Unión Europea y ruptura constitucional

  • La opinión pública europea prefiere el diálogo, pero eso no legitima el chantaje de la Generalitat al Estado

Unión Europea y  ruptura constitucional

Unión Europea y ruptura constitucional

Ahora que vamos despacio, sin frenos hacia el precipicio de una anunciada Declaración Unilateral de Independencia (DUI), importa descontar algunas de las mentiras y usos demagógicos que han circulado en los últimos tiempos, y en los últimos días, en torno a la posición de la Unión Europea ante el conflicto constitucional español. Aunque no se trata ya, o no solo, del empeño en negar la tantas veces advertida, segura y automática salida de Cataluña de ese club de los veintisiete, que con el Reino Unido son veintiocho aún, no está de más empezar por ese punto para, desde ahí, avanzar hacia los siguientes.

Es tan claro que España es miembro de la Unión como que Turquía lleva décadas pidiendo e impidiendo su incorporación. En esa sala de los países candidatos, en la que también comparten asiento y espera Montenegro o Macedonia, o en el habitáculo reservado a la inferior condición de candidato potencial, estaría el destino inmediato de la nueva república catalana en la Unión Europea. Y eso aun con suerte, pues antes sería preciso el beneplácito de todos los socios y, con el actual panorama, tal beneplácito jamás se dará. ¿Cómo conciliar una secesión de hecho, que dinamita el orden constitucional de un Estado miembro, con el Tratado de la Unión? El respeto a las estructuras constitucionales nacionales está en su letra, que reconoce a los Estados la función de garantizar su propia integridad territorial. ¿La aplicación del 155 de la Constitución española quedaría amparada? Sí.

Esto de la salida automática ha probado ser una evidencia difícil de manipular por la propaganda independentista. Como solución transitoria, se ha invocado una hipotética doble nacionalidad, conjunta con la denostada, repudiada y, para algunos, maldecida patria común, a la que esta consentiría para preservar la ciudadanía europea de los españoles secuestrados. Se olvida que un requisito previo es que el Estado español asienta a la proclamación de hecho de la independencia y que un acuerdo tal no mantendría al territorio catalán en el mercado interior ni en la zona euro. ¿Se convierten la caótica y vibrante Lima o la bella Buenos Aires en capitales europeas por obra de los convenios de doble nacionalidad? No. Las empresas y entidades financieras que se pre exilian de Cataluña, para rendir pleitesía a la España opresora, traidoras como son, tan solo buscan huir de la ruina cierta a la que las dirige inexorablemente el catalanismo excluyente.

Ambos desmentidos integran un conjunto armónico de obviedades, que la propaganda secesionista desfigura a conveniencia, y al que los acontecimientos posteriores a la parodia referendataria del 1 de octubre han sumado nuevos desvaríos. Uno de ellos es que la Unión Europea vaya a intervenir en el conflicto. Huelga repetir lo ya expuesto sobre el respeto de la Unión a la integridad territorial de los Estados miembros, garantes al mismo tiempo de su propia seguridad interior y del orden público. El lamento de algunos mandatarios europeos ante el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del Estado en Cataluña no constituye ni una reprobación al Gobierno español ni una misión institucional de la Unión, sino que responde a un estado general de la opinión pública europea que, con buen sentido, rechaza la violencia y prefiere el diálogo. Cuando es posible. No legitima con ello el chantaje al que, desde las instituciones de autogobierno catalanas, se somete al Estado, ni se erige en juez o árbitro del conflicto interno.

Otro de los desvaríos es afirmar que la Unión suspenderá la membresía de España por su ruda firmeza ante la desobediencia. El Tratado de Lisboa recoge una posible suspensión de derechos de voto en situaciones en las que exista y se constate una violación grave y persistente de los principios democráticos. En este caso la hay, por supuesto. Desde el Parlament y la Generalitat se han subvertido los fundamentos de la legalidad vigente sobre la base de un derecho a decidir que niega el derecho del otro, excluye a la minoría discrepante y expulsa a la oposición interna. Y así se va a seguir procediendo. ¿De verdad confían en que la Unión Europea, como comunidad de Derecho que es, vaya a avalar la independencia unilateral? ¿O esperan que esa Unión, cuya razón fundacional fue la redención de un continente destruido por los desmanes del nacionalismo extremista, vaya a respaldar la ruptura que jura venganza contra los restos de la resistencia?

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios