El adelanto electoral deja en el aire una decena de leyes sociales del Gobierno de Sánchez

El adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre, anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, deja en el aire buena parte de la agenda legislativa de carácter social impulsada durante la legislatura por el Ejecutivo de coalición de PSOE y Sumar. La disolución de las Cortes Generales provocará que decaigan las iniciativas que se encontraban en tramitación parlamentaria y que no hayan culminado su recorrido.

Entre las normas que no llegarán a aprobarse se encuentra la Ley de Violencia Vicaria, impulsada por el Ministerio de Igualdad y que el pasado 30 de septiembre superó su primer examen en el Congreso. El proyecto contemplaba tipificar la violencia vicaria como agravante de género, así como la privación automática de la patria potestad para los padres condenados por maltrato y la prohibición de que los condenados por este tipo de violencia hablasen públicamente sobre el crimen durante un periodo de hasta 20 años.

También decaerá la Ley Orgánica Integral contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos, que estaba pendiente de una segunda aprobación por parte del Consejo de Ministros. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, explicó el pasado junio que la entrada en vigor de la nueva Directiva Europea de Trata obligaba a reformular el texto para evitar una "chapuza jurídica". A ello se suma la ley para castigar las prácticas de conversión LGTBI, que ya había superado el Congreso y se encontraba en el Senado.

La reforma del artículo 43 de la Constitución, planteada para blindar el derecho al aborto, tampoco podrá completar su tramitación. Desde el Ministerio de Derechos Sociales, por su parte, decaerá la Ley de Familias, que permanecía bloqueada en el Congreso. Además, la ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado impedirá que salga adelante una de las principales reivindicaciones de Sumar: la prestación universal por crianza. También queda en el aire la Ley de Servicios Sociales, una iniciativa que el ministro Pablo Bustinduy asumió de su predecesora Ione Belarra, pero que ni siquiera había regresado al Consejo de Ministros.

Protección de menores y derechos de los jóvenes

El Ministerio de Juventud e Infancia también verá frustrada parte de su agenda. Entre las iniciativas afectadas está el proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, actualmente en fase de ponencia en el Congreso y cuyo objetivo principal era restringir el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales.

Igualmente, decaerá la reforma de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), aprobada en primera vuelta en mayo. El texto incorporaba medidas como garantizar que los menores fueran escuchados y facilitar el alejamiento de progenitores acusados de maltrato.

La ministra Sira Rego también había anunciado su intención de impulsar una Ley de Familias Acogedoras para favorecer la acogida y la adopción, así como una nueva Ley de Juventud, cuyo borrador estaba negociándose con el PSOE y que contemplaba, entre otras medidas, estudiar el derecho al voto a partir de los 16 años.

En materia migratoria, España tampoco podrá culminar la nueva Ley de Asilo ni la reforma de la Ley de Extranjería, dos anteproyectos aprobados en primera vuelta para adaptar la legislación española al Pacto Europeo de Migración y Asilo. En cambio, la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, ya convalidada como decreto ley, seguirá vigente aunque su tramitación como proyecto de ley decaiga. Esta norma establece un reparto obligatorio de menores extranjeros no acompañados cuando exista una situación de contingencia migratoria. El Gobierno también estudiaba un nuevo decreto para agilizar las solicitudes de asilo en Ceuta, que tampoco podrá culminar su tramitación.