La decimotercera legislatura de la segunda restauración borbónica, que se inauguró el pasado 21 de mayo y concluirá el 2 de diciembre, pasará a la historia, sobre todo, por tres hechos perdurables: ser la segunda más breve y políticamente convulsa de nuestra era democrática (195 días), ya que el récord lo ostenta la undécima (188 días), con Mariano Rajoy en la Presidencia del Gobierno; por la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes de la intentona golpista en Cataluña y la incendiaria respuesta de la horda separatista, y por la exhumación de los restos de Franco, trasladados desde la basílica del Valle de los Caídos, donde han permanecido durante 44 años, al panteón familiar del cementerio de Mingorrubio, lugar más propio, en el que está enterrada su esposa, Carmen Polo, y al que es muy probable que el dictador no hubiera puesto reparo.

El conflicto catalán y la semiolvidada momia de Franco se han convertido en el epicentro del cochambroso debate político, y casi todo indica que ambos repercutirán en el resultado que arrojen las urnas el próximo 10-N. El primero, por su enorme trascendencia y, el segundo, porque, tal y como se ha producido, representa la única promesa que el líder socialista, Pedro Sánchez, ha cumplido. Y lo ha logrado superando obstáculos que parecían insalvables, por lo que parece comprensible que, tan desprovisto como está de obras acreditadas y productos persuasivos, el presidente en funciones haga oportunismo electoral con algo que debieron hacer, sin estruendo y por amplio consenso, los gobiernos que gozaron de mayoritario respaldo. Y debieron hacerlo porque ni el Valle de los Caídos representa el mausoleo de la reconciliación, ni, mucho menos, Franco es una víctima de la Guerra Civil.

Nadie hasta ahora se ha ocupado de corregir un error simbólico tan significativo, ignorando que las heridas podían reabrirse a la menor pulsión en una España tan proclive a la desidia como al enfrentamiento y la venganza. Los prohombres de la Transición consensuaron lo fundamental, de manera admirable, pero aplazaron lo que parecía accesorio, y a veces lo secundario degenera en peligrosos aneurismas, sobre todo en tiempos envilecidos por la codicia y la incuria política. Y cabe recordar también a los que desde la derecha hacen mutis por el foro o señalan con cínico pavor lo acontecido el jueves en Cuelgamuros que el artículo 16 de la Ley de Memoria Histórica fue aprobado con sólo tres votos en contra y 18 abstenciones, y que, aunque no refiere la exhumación de Franco, establece que el Valle de los Caídos debe ser "un lugar de culto y cementerio público", en el que "no pueden celebrarse actos de naturaleza política, ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas o del franquismo". Otra cosa es lo que pretenda rentabilizar Sánchez y el electorado acepte.

Sin Franco, el Valle de los Caídos no ha dejado de ser una dantesca necrópolis con 33.847 cadáveres, de los dos bandos, de los que más de 12.000 están sin identificar. Tremendo, tapado y pendiente.