El programa electoral de Podemos plantea despenalizar el cultivo y la posesión de cannabis, legalizar su uso con fines medicinales y establecer que el Estado tenga un rol en el control de la producción y distribución de esta sustancia.

El programa electoral de Podemos, que incluye 264 medidas encaminadas dirigidas a proteger a la clase trabajadora, plantea despenalizar el cultivo y la tenencia de cannabis "a nivel personal y colectivo" y también regular la actividad de los clubes sociales para el consumo de esta sustancia.

"Estableceremos el rol del Estado en la garantía de seguridad de los y las consumidoras y en el control de la producción, distribución y consumo de cannabis", se compromete Podemos en su programa para las elecciones generales del 28 de abril.

Con esta medida, la formación de Pablo Iglesias busca que España siga la estela de Uruguay o Canadá, que ya han legalizado el uso del cannabis con fines terapéuticos y también recreativos.

La pasada legislatura, la formación morada registró en el Senado una proposición no de ley para crear una ponencia de estudio sobre la legalización siguiendo el nuevo marco de referencia que sugiere la Asamblea General de Naciones Unidas sobre el Problema de las Drogas en el Mundo.

En España, el consumo de cannabis no se ha considerado delito y, durante los últimos quince años han funcionado los denominados clubes sociales cannábicos, aunque una instrucción de la Fiscalía General del Estado de 2013 provoca que estas asociaciones puedan ser juzgadas por tráfico de drogas y por un delito de asociación ilícita.

Sin embargo, Podemos plantea ahora regular la actividad de estos clubes de consumidores.

El pasado octubre, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, defendió en un foro celebrado en el Congreso de los Diputados que a España le conviene ser de los primeros países europeos en regularizar el cannabis.

Además, rechazó que sean multinacionales las que se encarguen de la gestión y producción del cannabis ya que, según dijo entonces el líder de Podemos, gestionada por el sector público permitiría "acabar de forma eficaz con la lacra y el peligro que supone el narcotráfico".