La plataforma para la defensa de los derechos digitales Xnet ha propuesto que se penalice a los gobiernos, partidos políticos, medios de comunicación y empresas que difundan noticias falsas y ha exigido a estos productores de información que actúen con transparencia y veracidad. 

Esta es la propuesta de Xnet, que ha publicado este miércoles el informe Fake news y desinformación. Monopolios de la manipulación informativa y recortes de libertad de expresión, y que considera que limitar la libertad de expresión y culpabilizar al ciudadano del consumo de noticias falsas no solucionarán la desinformación. 

El informe nace con el objetivo de "defender los derechos de la ciudadanía" y de ser un "arma" contra la manipulación, la falsificación y la intoxicación informativas, ha defendido este miércoles la responsable de la plataforma, Simona Levi. 

Para ello, además de analizar el fenómeno actual de la desinformación, propone una serie de medidas legislativas que atajen el problema "de raíz", esto es, que exija la verificación de las informaciones no solo a los medios de comunicación, también a partidos políticos, instituciones, corporaciones y plataformas de distribución. 

Los expertos digitales solicitan que se penalicen a estos "informadores influyentes" cuando no cumplan con la transparencia ni lleven a cabo la verificación exigida y realicen prácticas de desinformación. 

Esos informadores influyentes son gobiernos, partidos políticos, medios de comunicación de masas y grandes corporaciones.  "La obligación de verificar -los mensajes que se difunden- debe ser imperativa para los informadores influyentes. Y si no lo hacen deben ser fuertemente penalizados. Que las instituciones tengan la obligación de no mentir", ha propuesto Levi.  

En cuanto a la transparencia, Xnet exige a los partidos políticos que detallen las partidas que destinan a comunicación: en qué invierten cada euro.  

Ruido y crispación

En este sentido, y a pocas semanas de que dé comienzo la campaña electoral, se ha hecho un llamamiento a las formaciones políticas para que dejen de recurrir a bots en redes sociales,que contribuyen a la propagación de mensajes, a introducir ruido y a la crispación. 

Según Xnet, entre el 10 y el 25% de los seguidores de los partidos políticos españoles son bots. 

Hasta ahora, ha denunciado el informe, las propuestas legislativas orientadas a frenar el fenómeno de la desinformación tienden a culpabilizar a los ciudadanos de su consumo, no a los productores y viralizadores, y a sugerir respuestas paternalistas que incluso abren la puerta a la censura. 

"Las tendencias que emergen son fuertemente liberticidas para regular directa o indirectamente la libertad de expresión, y son tecnófobas. (...) Queremos desmontar los mitos sobre los que cabalga esta nueva ola liberticida, que es mucho más grave de lo que parece", ha destacado Levi. 

El enfoque de los investigadores parte de la convicción de que las noticias falsas sólo adquieren una distribución destacada cuando se paga por su viralización. Por ello, están convencidos de que hay que sancionar a quien crea y paga y a quien cobra por que estos contenidos tengan eco.  

"Las personas individuales no tienen recursos para que se pueda viralizar una información", ha aseverado Levi, quien ha incidido en que en el ámbito de las noticias falsas se debe "ir a la raíz del lucro": "Estas grandes olas de desinformación no las hace la gente de a pie".  

Xnet muestra en su informe el temor a que se utilice el fenómeno de las noticias falsas como excusa para recortar derechos y libertades y criminalizar a la ciudadanía, que no causa un problema del que es víctima.  

"Se deben combatir -las noticias falsas- responsabilizando sin medias tintas a esos grandes productores y el negocio que generan por un lado. Y ampliando las capacidades de vigilancia y verificación de la ciudadanía a través de herramientas y de acceso transparente a la información por el otro", subraya el informe.