Ante la más que posible ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV), las fuerzas nacionalistas vascas, sabedoras de que, tal como ocurrió en 2003 cuando Batasuna fue declarada ilegal, esto conllevará el mandato judicial de disolver su grupo parlamentario, quiere evitar un nuevo caso Atutxa. Con este fin el Pleno de la Cámara autonómica aprobó ayer, con los votos a favor del PNV, EA, EB, Aralar y PCTV, y el rechazo del PSE y el PP, la toma en consideración de una proposición de ley para cambiar el reglamento del Parlamento y facultar al Pleno para que decida sobre la disolución de los grupos parlamentarios.

El pasado 21 de enero, el Tribunal Supremo condenó como autores de un delito de desobediencia los miembros de la anterior Mesa del Parlamento, Juan María Atutxa, Gorka Knörr y Kontxi Bilbao, por negarse disolver el grupo parlamentario de Sozialista Abertzaleak tras la ilegalización de Batasuna en marzo de 2003. Para que la actual presidenta del Parlamento vasco, Izaskun Bilbao, y el resto de los miembros de la Mesa no corran la misma suerte cuando se resuelva el proceso contra ANV y PCTV, que sigue su curso ante la Sala del 61 del Tribunal Supremo, las formaciones nacionalistas han impulsado esta reforma del Reglamento de la Cámara.

El parlamentario del PNV Antonio Rubalkaba se refirió a la condena del Supremo a Atutxa Knörr y Bilbao y afirmó que tras dicha condena y con el inicio del proceso de ilegalización de ANV y PCTV, "ahora nos encontramos, otra vez, con la rueda encima". La réplica se la dio el portavoz parlamentario del PSE, José Antonio Pastor, que afirmó que los partidos del tripartito tratan de "proteger a quienes todavía hoy son incapaces de rechazar el terrorismo de ETA" y denunció que "no se puede estar en una manifestación en Mondragón contra ETA y defendiendo en el Parlamento a su entramado político".

Además, Pastor también alerto de lo peligroso de la reforma que los nacionalistas pretenden impulsar ya que la medida supone "un acto de rebelión y desobediencia al Poder Judicial" y abre la puerta a que una mayoría parlamentaria pueda disolver un grupo por la sencilla razón de que incomoda al Gobierno de turno".

Por otra parte, el presidente de Dignidad y Justicia y ex portavoz de la AVT, Daniel Portero, afirmó ayer que "ha sido muy triste ver cómo el juez Garzón afirmó que los miembros de Batasuna "que trabajaban para ANV y PCTV" lo hacían desde octubre de 2007", cuando quedó "claro" en los informes policiales que lo hacían "desde 2006". Según Portero, hijo del fiscal jefe de Andalucía asesinado en 2000, esto demuestra que los informes "se pueden orientar judicialmente de otra forma, porque no interesaba", ya que estaba vigente la "tregua".