El juez del caso Gürtel ha procesado a 21 personas, entre ellas el líder de la trama, Francisco Correa, y el ex presidente de Martinsa Fernando Martín, en la pieza de este caso sobre contratos públicos irregulares otorgados a la red mafiosa por el Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid). 

En el auto de pase a procedimiento abreviado (equivalente al procesamiento), el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata propone juzgar también a autoridades y funcionarios públicos del municipio madrileño que, en la práctica, "llegaron a dirigir toda la contratación pública de Arganda del Rey". 

Entre los procesados figuran asimismo el ex alcalde del municipio Ginés López, el ex diputado madrileño del PP y ex consejero de la Sociedad Fomento de Arganda, Benjamín Martín Vasco, y el ex propietario de Constructora Hispánica Alfonso García Pozuelo (que confesó los delitos en el juicio de la pieza principal de Gürtel). 

El juez explica que a cambio de amañar diversos contratos públicos, los funcionarios recibieron valiosos regalos e importantes cantidades de dinero de la trama Gürtel, que en el caso del exalcalde llegaron a alcanzar los 545.328 euros y en el de Martín Vasco, 363.295 euros. 

Comisión de 25 millones

Dentro de esta pieza se enjuiciará asimismo una comisión de 25 millones de euros que convinieron Correa, Crespo y Ramón Blanco Balín -considerado el blanqueador de la Gürtel- con López y Martín Vasco por la adjudicación de unas parcelas del consistorio. 

Esta comisión por la adjudicación irregular a Martinsa la habrían pagado Fernando Martín y los empresarios también procesados Manuel Salinas y Amando Mayo. El dinero se abonó en dos pagos de 12 y 12,8 millones efectuados en diciembre de 2004 y junio de 2006 en cuentas que Correa tenía en Mónaco y en Suiza, y en un tercer pago de 130.000 euros transferido directamente a Blanco Balín en una cuenta abierta en Suiza a nombre de una sociedad panameña. 

Según el juez, la comisión se distribuyó entre algunas personas que habían actuado de intermediarios a favor de Martinsa, entre ellas al menos Correa, Blanco Balín, López y Martín Vasco, 

De la Mata propone juzgar a los ahora procesados en la pieza, que comprende la actividad desarrollada entre 1998 y 2009 por Correa en el municipio madrileño, por delitos de prevaricación, fraude, cohecho, falsedad, contra la hacienda pública, insolvencia punible y malversación. 

Aparte de los ya mencionados, también figuran procesados José Luis Izquierdo, Isabel Jordán, Pablo Collado, vinculados a la trama de Correa; los funcionarios y autoridades públicas César Martín Tomás Morales, Isaac García Requena, Luis Bremond, José Ramón Gutiérrez Villar, María Josefa Aguado y Álvaro García del Río; el empresario José Luis Martínez Parra, y Joaquín Martín Vasco, hermano del ex diputado autonómico del PP. 

Esta pieza se unirá próximamente a las que se encuentran aún pendientes de juicio como la de la caja b del PP referida al presunto pago en negro de la reforma de la sede de la calle Génova, que sentará de nuevo en el banquillo al ex tesorero Luis Bárcenas. 

Actualmente se están juzgando las presuntas adjudicaciones irregulares de AENA a la trama de Correa y este año se espera que vayan a juicio la pieza de la visita del Papa a Valencia y la de los tres contratos del Ayuntamiento de Jerez con Gürtel. 

Mientras, está pendiente de señalamiento para su enjuiciamiento la pieza sobre los negocios de la trama en Boadilla del Monte, localidad madrileña en la que el PP, al igual que en Gürtel Época I, está también acusado como partícipe a título lucrativo. 

De la Mata reabrió además el caso principal de la caja b del PP a raíz de las confesiones de Correa en el macrojuicio de Gürtel sobre el presunto pago de comisiones a Bárcenas de grandes constructoras a cambio de adjudicaciones. 

Otra confesión, la del ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa, llevó también al juez a imputar al ex presidente Francisco Camps en la pieza en la que investiga contrataciones de la Generalitat de Valencia con sociedades de Correa.