La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible reclamará al Gobierno de la Nación, al Ejecutivo comunitario y al Parlamento Europeo la adopción de un plan que salvaguarde al sector pesquero de arrastre del Mediterráneo y garantice un futuro de sostenibilidad económica y social.

El Consejo de Gobierno ha expresado su decidido apoyo al sector y considera fundamental mantener una posición de unanimidad en defensa del mismo. Su importancia no solo radica en la dimensión socioeconómica de la flota, sino en el incalculable valor que genera en las actividades portuarias, lonjas de pescado, fábricas de hielo, sector de la comercialización, restauración y el turismo.

La titular del departamento, Carmen Crespo, ha informado al Ejecutivo autonómico de la situación que atraviesa una modalidad de pesca que constituye un segmento vital para los distintos puertos pesqueros que discurren entre Estepona y Garrucha. En total, cerca de 90 embarcaciones en las que trabajan en torno a 500 tripulantes, que cada día llevan a puerto especies como gambas rojas, salmonetes, pulpos, merluzas, etc.

La Unión Europea prepara un Plan plurianual de gestión de la pesca demersal en el Mediterráneo occidental con el fin de mejorar el estado de conservación de las especies que habitan en las proximidades de los fondos marinos. Dicho plan supone una grave amenaza para la subsistencia del sector y no tiene en cuenta los esfuerzos realizados por los armadores en los últimos años para la conservación de los caladeros (reducción de barcos, zonas de pesca, descansos biológicos…).

El Parlamento Europeo vota el 4 de abril

Este plan, que se somete a votación del Pleno del Parlamento Europeo el 4 de abril, contempla una reducción de la actividad pesquera del 10 % en 2020 y un 30 % adicional en los cuatro años siguientes.

Además, prohíbe la pesca durante tres meses en fondos en inferiores a cien metros o a una distancia de la costa menor a seis millas si no se llegan a los cien metros referidos de profundidad.

En tercer lugar, limita la actividad a un máximo de 15 horas por día de pesca, ampliable a 18 horas si lo justifica la distancia entre el puerto y la zona de pesca, durante cinco días a la semana. Y, por último, se impide el aumento del tamaño de la flota medida en tonelaje de los barcos y potencia de los motores durante la aplicación del plan (2020-2025).

El sector pesquero andaluz rechaza este plan de Bruselas por ser España la principal perjudicada. El Gobierno andaluz comparte las políticas e iniciativas para mejorar el estado de conservación de los recursos de la pesca que propicien una actividad sostenible, siempre que las medidas a adoptar no supongan sacrificios inasumibles para los pescadores.

En 2018 esta flota desembarcó más de 3.500 toneladas de pescado y marisco, con un valor de primera venta en lonja de más de 23 millones de euros.