Las organizaciones representativas del sector agrario de  Andalucía -ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias- están enviando esta semana cartas a los 778 ayuntamientos de Andalucía en la que les instan a aprobar en sus  plenos una moción de apoyo al sector agrario andaluz y de rechazo al real decreto de  convergencia, tremendamente lesivo para los agricultores y ganaderos andaluces y para  todos los municipios agrarios de Andalucía, puesto que tanto este innecesario Real Decreto  como la propuesta de reforma de la PAC que prepara el Ministerio de Agricultura suponen  una grave amenaza para la economía y el empleo de toda Andalucía. 

Por ello, ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía han manifestado  ya que de no retirarse el Real Decreto, una vez la situación sanitaria lo permita, los  tractores volverán a salir a la calle para reclamar una PAC justa con el sector  agroalimentario andaluz.  

En la misiva las organizaciones representativas trasladan su rechazo al tratamiento que el  sector agrario andaluz recibe en la nueva PAC que arranca en el período transitorio 2021- 2022 y que servirá de base al Plan Estratégico de la PAC a partir de 2023.  

Y recuerdan que en el marco actual 2014-2020 se reconoció la diversidad productiva  andaluza y española mediante el establecimiento de 50 regiones de ayuda definidas en  atención a la comarca geográfica, a la orientación productiva y a los niveles de ayuda  consolidados por los agricultores y ganaderos. A su vez, se implantó un sistema de  convergencia, que aproximaba el valor de los derechos de pago de los productores  integrados en una misma región de forma moderada, paulatina y con limitación en su  impacto sobre la renta individual de los agricultores y ganaderos afectados.  

Sin embargo, para los próximos años, el principal objetivo del Ministerio de Agricultura,  Pesca y Alimentación pasa por reducir el número de regiones y por impulsar un modelo en  el que todas las hectáreas cobrarán igual para finalizar eliminando los derechos nominativos  de los agricultores y permitiendo la entrada en el régimen de ayudas de superficies que,  salvo excepciones, nunca han producido. Esto supondría, en el peor de los escenarios, una  pérdida de alrededor del 50% de los 1.300 millones de euros que reciben actualmente,  entre pago básico y pago verde, los más de 232.000 perceptores andaluces (34% del total  español).  

Es, por tanto, una propuesta que no respeta la importancia del complejo agroalimentario  andaluz, conformado por un universo de agroindustrias, cooperativas y explotaciones que  asientan la población en el territorio (el 85% de los beneficiarios vive a menos de 20 km de  sus explotaciones), favorece la conservación del medio ambiente y genera riqueza (el 37%  del Valor Añadido Bruto del conjunto del estado). 

Además, en plena elaboración del citado Plan Estratégico de la PAC, el Ministerio publica el  Real Decreto 41/2021, una normativa que acelera la convergencia desde este mismo año y  más allá de lo exigido por la Comisión Europea, y que se ha preparado obviando las  advertencias del sector, que la rechaza de forma unánime porque:  

- Mermará de forma importante la renta de una tercera parte de los agricultores y  ganaderos andaluces (80.000 perderán al menos el 10% en dos años). Las 40.000  personas más perjudicadas, que han generado derechos más altos por haber  invertido en mejoras tecnológicas y formación para producir más y generar empleo y  riqueza, pierden entre el 20% y el 50%. Son ejemplos tipo los ganaderos con poca  base territorial y los regadíos.  

- Por primera vez en la historia de la PAC se define un tránsito no paulatino, que  impedirá que muchos profesionales tengan tiempo de adaptarse a los cambios,  redimensionar sus explotaciones y/o reorientar sus producciones.  

Por lo anteriormente expuesto, las organizaciones firmantes solicitan que se someta al Pleno  del Ayuntamiento el apoyo a los siguientes puntos y, en caso de aprobación, que se  trasladen los acuerdos al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; a la Consejería de  Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y a los distintos Grupos Políticos:  

1.- Unirse al rechazo al Real Decreto de convergencia, por ser innecesario, porque  condiciona el futuro de muchos andaluces y porque determina las negociaciones de  cara a la nueva PAC.  

2.- Solicitar al MAPA su retirada para continuar con el ritmo de convergencia  paulatino que se había acordado para el período actual.  

3.- Brindar su apoyo al complejo agroalimentario andaluz de cara a la nueva PAC,  persiguiendo la elaboración de un Plan Estratégico que permita cumplir con las  directrices europeas respetando nuestra diversidad productiva. La reforma no puede  hacer daño a una región con la importancia agraria que tiene Andalucía.