La europarlamentaria Clara Aguilera volvía a insistir en marzo a la Comisión Europea sobre la problemática de la importaciones de tomate marroquí por parte de la Unión Europea. Así en su pregunta señalaba: “En el caso del tomate marroquí, el sistema de precios de entrada no cumple los fines perseguidos, pues es imposible que su precio caiga por debajo de un precio de referencia fijado hace veinticinco años para el tomate redondo, sin diferenciar el valor de otras variedades. El sector español lleva lustros encajando graves pérdidas económicas y reclamando la obligación de notificar distintos precios por distintas variedades. Es decir, que se conozca el precio al que entran los distintos tipos de tomate y que el mecanismo de protección pueda activarse, cumpliendo su objetivo”.

Aguilera interrogaba entonces a la CE: “¿Cuándo piensa la Comisión modificar el sistema de cálculo del valor global de importación a tanto alzado para que el sistema de precios de entrada sea efectivo y proteja la estabilidad del mercado de tomate de la Unión?”. Hace escasos días la europarlamentaria difundía la respuesta: “Por el momento, la Comisión no prevé ningún cambio en el sistema vigente”.

El comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski, detalla que las importaciones en la UE de tomates frescos procedentes de Marruecos están reguladas por el acuerdo de 2012 entre ambas partes, que prevé, entre otras cosas, un sistema de contingentes arancelarios, así como derechos de aduana preferenciales y precios de entrada. Este sistema se modificó en 2014, en particular con la eliminación del denominado método de ‘precio deductivo’ (despacho en aduanas), que había suscitado acusaciones de permitir a los importadores eludir algunos derechos de importación que, de otro modo, deberían pagar. En el sistema actual, el precio sobre el que se calcula el despacho de aduana es la factura del envío individual o el valor de importación a tanto alzado. Asimismo, informa de que la Comisión publica diariamente el valor de importación a tanto alzado por producto y país de origen, que se calcula a partir de los precios representativos de los productos importados que los Estados miembros notifican a la Comisión.