Finanzas

Crisis estructural: heridas abiertas en el sector hortofruícola almeriense

  • Las protestas del campo se repiten campaña tras campaña y es que hay problemas de fondo sobre los que se sigue sin actuar

Retirada de producto en noviembre del pasado año en Almería ante la crisis de precios de algunos productos

Retirada de producto en noviembre del pasado año en Almería ante la crisis de precios de algunos productos / Rafael González (Almería)

Hace poco más de una semana los agricultores de Almería retomaban las protestas en la calle acompañados por las comercializadoras que, invitadas por la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (Coexphal), cerraban la entrada de producto a las empresas. Esta semana otra vez los productores pusieron rumbo a Sevilla para, a nivel regional, protagonizar una nueva movilización, en esta ocasión relativa a la Política Agraria Común (PAC).

El caso es que año tras año, salvando 2020 por la irrupción de la pandemia, los agricultores saltan del campo a la carretera con una serie de reivindicaciones, algunas ya viejas conocidas, a las que no se pone solución o en caso contrario ésta no resulta efectiva, y otras que se van sumando con la actualización de políticas europeas, nacionales y autonómicas. La situación es paradójica, mientras los más pesimistas se inclinan por el agotamiento del Modelo Almería basado, principalmente en explotaciones familiares, éste se erige como ejemplo mundial por su consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El tema de los precios resulta complejo, la solución a no vender bajo costes de producción no termina de cuajar. Sobre la mesa está la Ley de la cadena alimentaria, cuya puesta en práctica reivindican los agricultores mientras que para las empresas, a la espera de ver cómo se articula su cumplimiento, es negativa, porque al final el mercado manda en los precios y si no vende Almería venderán otros. En este sentido, y en busca de la rentabilidad de firmas y productores Coexphal ha dado un paso hacia delante: mostrar a sus clientes el incremento desmesurado de los costes para consensuar una subida de las cotizaciones. Y es que, además, cultivar alimentos más saludables y de manera respetuosa con el medioambiente, como hace esta tierra, también afecta al bolsillo, algo en lo que el sector ha empezado a trabajar para que esta información llegue al consumidor y así se decline por abonar un poco más para adquirir un producto con dichas garantías que por otro que no las tiene, pero en esto aún queda batalla que dar. En línea con la sostenibilidad, el Pacto Verde y su Estrategia de la Granja a la Mesa genera inseguridad al sector, puesto que la Unión Europea pone una serie de medidas sobre el tablero que tendrán más coste y con las que se prevé una caída de la producción y, por tanto, un aumento de las importaciones, sobre las que se clama que se les exijan las mismas condiciones que a las locales.

La escasez de recursos hídricos es otro de los obstáculos, la falta de presupuesto y la lentitud por parte de las administraciones hacen que las infraestructuras necesarias no terminen de llegar, la esperanza está ahora en el desembolso de los fondos europeos. La pasividad de los gobiernos también afecta a la imagen del campo, que en las últimas temporadas ha sido atacado por medios internacionales por las condiciones en que viven trabajadores del agro, lo que no se cuenta es que el propio sector es el primer interesado en que estas condiciones no se den, pero una vez más la clase política dice palabras, pero, por ahora, hay pocos hechos. El asunto de las importaciones irregulares de terceros países parece enquistado, así como el reto de concentrar la oferta que, aunque con pasos dados, continúa pendiente.

A grandes rasgos son las heridas que subyacen a la crisis estructural de la horticultura almeriense y que, en la mayoría de los casos, se escapa de sus manos, porque lo que está en ellas, con esfuerzo y compromiso, lo va resolviendo.

  • Crisis de precios. Suelen ser unas habituales campaña tras campaña y uno de los motivos es la dependencia de las condiciones meteorológicas en Europa, todo varía si hace frío o no y afecta según los cultivos, así perjudica o beneficia en los distintos casos. Y es que la ecuación es sencilla: Almería exporta en torno al 80% de lo que produce, si el resto de países productores retrasan o menguan las cosechas por frío o heladas, los precios de los productos hortofrutícolas almerienses suben; en cambio, cuando se solapan calendarios de producción y hay sobreoferta, los locales bajan, al final el equilibrio y desequilibrio entre oferta y demanda determina el precio de la producción. En el caso de los cultivos de primavera como sandía, la prolongación del frío en Europa perjudica, ya que resta su consumo principalmente al inicio de la temporada y, por tanto su cotización baja. Aún así hay otros factores, que por sí solos ya ponen en situación de vulnerabilidad a los productos de Almería, que interfieren en esta fluctuación y sobre los que el campo señala que no se actúa, como es la desprotección de los cultivos locales frente a los de terceros países que deja a los de la Unión Europea en clara desventaja competitiva, a pesar de su adaptación a las nuevas exigencias de los mercados, así a través de técnicas respetuosas con el medioambiente, que aún no se traducen en precio.
  • Atomización de la oferta. La concentración de la oferta es el reto eterno. Hace unos cuatro años, José Martínez Portero, presidente de Unica Group, cooperativa de segundo grado con sede en Almería y ejemplo de concentración, señalaba que la provincia contaba con 248 empresas que vendían y en el mercado apenas había una decena de compradores de la gran distribución. Por lo tanto, reducir el número de operadores locales, bajo distintas fórmulas posibles, sigue siendo vital. Y es que la unión no solo sirve para negociar de manera más favorable con los clientes, sino que contribuye también a avanzar en la transparencia de los mercados, en el uso de los mecanismos de retiradas en momentos de crisis y en la planificación de las producciones. Algunos pasos se han dado, pero pocos, y en los últimos años los procesos en este sentido parecen estar paralizados. Este año sí hubo acercamiento y negociaciones entre dos empresas: Agroiris y Murgiverde, antes de verano todo se paró y ahora se apunta a posible reanudación de la comunicación.
  • Importaciones y fraude. En este sentido son varios los frentes abiertos. Uno de ellos es el correspondiente al acuerdo de asociación entre la UE y Marruecos, que, con modificaciones, lleva casi una década en vigor. De acuerdo a los datos facilitados por distintas fuentes, este convenio está teniendo un gran impacto sobre el tomate. Así en Almería, en la pasada campaña, la producción de tomate cayó un 10,3% respecto a la anterior, según el informe de Cajamar, mientras que la superficie descendía en un 9,6%. Según Coag, en esta provincia, la caída del área de este cultivo ha sido de 2.200 hectáreas en cinco años, lo que supone un quinto de la superficie de la campaña 2015-16. Además, tal y como recordaba Asaja, el acuerdo genera al sector hortofrutícola unas pérdidas de unos 750 millones de euros anuales. Como ya pasara con la judía, el tomate se ve ahora en una encrucijada y hace que los productores empiecen a optar por otros cultivos, que posteriormente también pueden verse perjudicados. Por otro lado, la salida del Reino Unido de la UE (Brexit) también afecta, puesto que ahora el cupo de entrada preferencial en la Unión se mantiene con un país menos, que sella su propio convenio. Lo último sobre este tema: una nueva sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), que insiste en anular el acuerdo entre Marruecos y la UE, al contemplar territorio saharaui. También siguiendo la estela marroquí desde el campo se exige a las administraciones distintas medidas, como un control exhaustivo de la entrada de producto y pago de aranceles así como transparencia en cuanto a las empresas que, radicadas en Almería, comercializan producto marroquí pero rompiendo la trazabilidad y reetiquetándolo como si fuera almeriense. En este sentido, aunque la Junta de Andalucía insiste en que trabaja sobre expedientes sancionadores y se ha multado a una decena de firmas, el sector quiere nombres y apellidos. Pero si las importaciones de Marruecos comprometen la viabilidad del tomate almeriense, las de otros países como Senegal o Brasil también ponen en jaque a la sandía sandía o melón. En cuestiones de seguridad alimentaria el campo también enciende las alarmas, solo basta con ver las alertas sanitarias que saltan en la UE de productos de terceros países, por lo que se insiste en que la importación haga su partida con las mismas reglas de juego que las producciones locales.
  • Costes de producción. No dejan de subir y no precisamente al ritmo de los ingresos. Si en la campaña 2019-2020 se destacaba el coste de la mano de obra, que en una década pasaba de suponer del 33,1% al 45,4% del total de costes de producción de una explotación, con un salto especial por la subida del salario mínimo interprofesional, en la campaña pasada se ponía el acento en la subida de precios de los insumos, no solo por los derivados del petróleo sino también por elevado coste de la energía. “Los costes han registrado una subida de entre un 5 y un 7%, dependiendo del tipo de cultivo”, señalaba Coexphal en la presentación de su informe de campaña 2020-2021, además desde la asociación se incidía en que esta temporada pinta peor: “Está subiendo todo, abonos, fertilizantes, el cartón casi un 30%, etcétera”. Solo en el caso del tomate, Asaja apunta que en la última campaña los costes de producción se han incrementado un 24,52% desde la temporada 2017-2018, situándose en la pasada en los 64.776 euros por hectárea, siendo el encarecimiento de la energía y de la mano de obra lo que más ha contribuido a ello.
  • La escasez de agua. El agua, ese bien preciado que escasea en la provincia de Almería y que ha agudizado el ingenio de regantes y empresas para gestionarlo de la manera más eficiente posible. Pero por mucho que se trabaje por el ahorro, si no hay agua, no se puede obrar el milagro. Se trabaja en la depuración y desalación del recurso hídrico pero falta un esfuerzo de las administraciones y éste no termina por palparse, salvo por los últimos movimientos de la Junta en cuanto a infraestructuras que dependen de ella; y es que basta con recordar el estado de la desaladora de Villaricos, desde 2012 inactiva y en mal estado, desde este año con todos los trámites administrativos resueltos, pero su reparación, por parte del Estado, sin ejecutar. Y ese es solo un ejemplo. En este ejercicio, las noticias sobre el trasvase Tajo-Segura no hacen otra cosa que profundizar en la llaga.

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