Coronavirus Almería La Delegación de Gobierno en Andalucía constituye una Comisión de Seguimiento para favorecer la contratación temporal en el campo

  • Junta de Andalucía, sindicatos y organizaciones agrarias y Guardia Civil componen esta comisión, que tendrá presencia provincial para poder garantizar mano de obra en las campañas agrícolas actuales y activar la contratación

Reunión de la Comisión de Seguimiento de medidas urgentes para favorecer la contratación temporal. Reunión de la Comisión de Seguimiento de medidas urgentes para favorecer la contratación temporal.

Reunión de la Comisión de Seguimiento de medidas urgentes para favorecer la contratación temporal.

La Delegación del Gobierno de España en Andalucía ha constituido hoy la Comisión de Seguimiento de medidas urgentes de carácter temporal en materia de empleo agrario, recogidas en el Real Decreto-Ley 13/2020, de 7 de abril, que permitirán asegurar la mano de obra suficiente para la recolección de las campañas en las explotaciones agrarias mediante la contratación de desempleados provenientes de otros sectores que actualmente estén cobrando una prestación. 

La comisión, que se reunirá de forma periódica, ha estado presidida por la delegada del Gobierno en Andalucía, Sandra García, y en ella han participado la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, así como el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), las organizaciones sindicales UGT, CC.OO., las organizaciones agrarias COAG, UPA y Asaja, además de Guardia Civil, que va a llevar la a cabo la labor de apoyo y control de la movilidad de los trabajadores que se trasladan de un municipio a otro. Esta comisión hará un seguimiento de la evolución de empleo generado y de las medidas adoptadas siguiendo las indicaciones del Real Decreto-Ley y de la aplicación de las medidas, y transmitirá los procedimientos a las comisiones provinciales encargadas de su aplicación. 

La delegada del Gobierno, Sandra García, ha señalado que las medidas permitirán garantizar la disponibilidad de mano de obra para hacer frente a las necesidades de agricultores y ganaderos. “Están dirigidas a la activación del empleo entre personas de otros sectores que se han quedado en desempleo debido a la actual situación de estado de alarma, pero que perciben prestación y que pueden tener una oportunidad de trabajar en el campo”. Para poder llevar a la práctica esta medida, la delegada ha explicado que los empresarios agrícolas tienen que hacer una oferta empleo, según sus necesidades, al SAE para que este organismo pueda sondear a personas con perfiles determinados y coincidentes con las necesidades agrícolas. 

Podrán ser beneficiarios de las medidas de flexibilización temporal las personas que, a la entrada en vigor del Real Decreto-Ley, se encuentren en situación de desempleo o cese de actividad y aquellos trabajadores cuyos contratos se hayan visto temporalmente suspendidos, como consecuencia del cierre temporal de la actividad, conforme a lo señalado en el artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, excepto los trabajadores afectados por los ERTES con causa del COVID-19. 

El objetivo es asegurar la recolección en las explotaciones agrarias, el flujo productivo para los eslabones posteriores de la cadena y el abastecimiento de la población, ante la disminución acusada de la oferta de mano de obra que habitualmente se ocupa de las labores agrarias como temporera en el campo español, por limitaciones sanitarias a los viajes desde sus países de origen como consecuencia del COVID-19. Las medidas favorecen la contratación temporal de trabajadores en el sector agrario mediante el establecimiento de medidas extraordinarias de flexibilización del empleo, de carácter social y laboral. 

Además, la norma incluye puntualizaciones sobre la prestación extraordinaria por cese de actividad para los trabajadores autónomos agrarios incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios y los trabajadores autónomos incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar cuyas actividades queden suspendidas por la declaración del estado de alarma. 

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