Finanzas

UGT Almería reivindica más compromiso social en la erradicación de la pobreza

  • El sindicato pide a los diferentes Gobiernos que se lleven a cabo medidas concretas y eficaces contra esta desigualdad

La responsable de UGT Almería, Carmen Vidal, y la secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla La responsable de UGT Almería, Carmen Vidal, y la secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla

La responsable de UGT Almería, Carmen Vidal, y la secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla / Diario de Almería

Desde UGT Almería se suman a Conmemorar el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza que se celebra mañana 17 de octubre de 2020 y para ello,  han hecho un manifiesto para que se conciencie a la ciudadanía e  instituciones de esta lacra cada vez más extendida. 

Como, cada año, este 17 de octubre, UGT aprovecha la ocasión para denunciar la  grave situación que viven millones de personas en el mundo, en nuestro país y más  concretamente en Andalucía, sobre todo durante este año 2020, en el que muchas de  ellas han visto como, debido a la gran crisis sanitaria por la que estamos atravesando,  han perdido sus empleos, han debido cerrar negocios y se han visto abocados a no  disponer de apenas ingresos con los que afrontar su día a día. 

Por tanto, este año, la conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza cobra si cabe más importancia, porque la pobreza se ha  extendido como lo está haciendo la pandemia

Tanto es así, que los datos son aún más preocupantes que los de años precedentes,  ya que se les ha unido aquellas personas que hasta ahora tenían una situación más o  menos estable económicamente y se han visto abocados al desempleo y en muchos  casos, a estar en riesgo de pobreza y exclusión social. Incluso sin conocer aún los  datos exactos del impacto de la pandemia en este 2020, según estimaciones del  Banco Mundial y de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), la crisis sanitaria y  económica, sumará a cerca de 70 millones de personas adicionales a la pobreza  extrema en este año, en comparación con cifras de 2019 y a otros centenares de  millones más en el desempleo y sin posibilidad de acceder a un empleo.

Por este motivo, y por la necesidad de darles voz a aquellas personas que ya venían  padeciendo esta situación, y que la han visto incluso más agravada, hoy se alzan todas sus voces y exigir una solución de una vez por todas, porque más del 10% de la población mundial viven por debajo del umbral de la pobreza y esto no puede continuar. 

En Europa se alcanzan alrededor de 115 millones de personas y en España, un total de  11.870.000 personas están en esta situación, lo que supone que el 25,3 % de la población  española está en Riesgo de Pobreza y/o Exclusión Social. Andalucía, como no, vuelve a ser una  de las regiones con una de las tasas más altas en riesgo de pobreza o exclusión social, ya que el  37,7 % de la población residente en Andalucía estaba en riesgo de pobreza o exclusión social en  2019, según la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística. Además  el 11,1% de los hogares de Andalucía llega a fin de mes con "mucha dificultad", y el 44,5% de  estos hogares no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos. Por su parte en cuanto a tasa  de paro, nuestra región alcanza el 21,3%, siendo el paro juvenil inaceptable, del 49,9% y los  hogares con todos sus miembros en paro más del 12,5%. 

Estos datos que, siendo anteriores a la pandemia, demuestran que en España y en Andalucía representan, desgraciadamente, una de las tasas más altas en Europa en riesgo de pobreza y exclusión social y que se ha empeorado aún más tras el comienzo de la crisis sanitaria, ha hecho  ver la necesidad de realizar reformas en profundidad. La COVID-19 ha puesto en evidencia las  grandes deficiencias en las políticas públicas para hacer frente a la pobreza, acentuándose las  carencias tanto en las medidas llevadas a cabo por gobierno central, como el de las comunidades  autónomas para combatir esta gran lacra, con millones de personas que no pueden trabajar  sufriendo por retrasos en el pago de prestaciones y una asistencia pública a estas personas que  no ha podido afrontarse tal y como se esperaba y necesitaba en la coyuntura que hemos vivido,  aumentando de este modo, de forma abismal, la desigualdad que ya existía. 

Incluso tener empleo no asegura tener unas condiciones de vida óptimas, ya que  muchas de las personas trabajadoras asalariadas andaluzas no consiguen llegar tampoco a final  de mes, al tener unos empleos muy precarios, temporales, a tiempo parcial y con unos sueldos exiguos, precarizándose aún más la situación por la crisis sanitaria. En relación a los salarios, Andalucía es la quinta por la cola con los salarios más bajos, con una media de alrededor de  21.000 euros, muy lejos de la media fijada en España. Y por supuesto, no hay que olvidarse de los pensionistas, cuya pensión por debajo de la pensión media a nivel nacional. 

En este sentido, y aunque se hayan puesto en marcha herramienta como son la Renta Mínima de  Inserción Social de Andalucía y el Ingreso Mínimo Vital para proteger a las familias más  vulnerables y combatir la pobreza, aún no ha dado la respuesta esperada porque la mayor parte,  aún esperan que se les resuelvan los expedientes,(más de 3 meses para Ingreso Mínimo Vital y 8  meses de media para la Renta Mínima de Inserción Social), dilatándose dicho pago y abocando a  muchas de estas familias a no poder subsistir.. 

Además, estas ayudas de protección social no son suficientes, hay que afrontar urgentemente  acciones para proteger los derechos de las personas a una vivienda digna, a la educación, a la  sanidad y a un nivel de vida adecuado. Como conocemos la vivienda para muchas personas es  inaccesible, no existiendo apenas parques de viviendas públicos, además de que el número de  desahucios sigue en aumento, y por no mencionar que una cuarta parte de los hogares con niños  en riesgo de pobreza tienen grandes dificultades para cubrir los gastos de educación, y todavía  hay lagunas en el acceso a la sanidad para las personas con bajos ingresos e inmigrantes  recientes, sumando ahora la deficiencia en la asistencia sanitaria de las personas mayores.

Desde UGT Andalucía, con motivo de este día de lucha contra la pobreza y la exclusión social,  reivindican hoy si cabe con más fuerza, a los diferentes Gobiernos que se lleven a cabo  medidas concretas y eficaces contra esta desigualdad, para ello, exigimos un compromiso social y  político para erradicar la pobreza, sobre todo en estos momentos, que la crisis sanitaria está  haciendo estragos con la ciudadanía.  

Reivindican que el Ingreso Mínimo Vital y la Renta Mínima de Inserción en Andalucía, se garanticen de una vez por todas para aquellas personas que no pueden acceder a  ningún otro ingreso, agilizándose la tramitación de los mismos y reduciéndose aún más los  trámites burocráticos que requieren, unido esto a medidas y políticas laborales y sociales que  prioricen los intereses de las personas 

Para UGT, para mejorar las condiciones de vida de las personas, se debe conseguir  un sistema de protección social que garantice oportunidades de educación y sanidad para todas  las personas, viéndose como estos dos grandes pilares del Estado de Bienestar se han  resquebrajado con la crisis del COVID-19. También debe producirse un verdadero desarrollo  de la atención a personas dependientes, muchas de las cuales no pueden sufragar sus gastos a  raíz de la escasez de las pensiones que perciben y es otra de las cuestiones a mejorar de forma  urgente, que se ha visto como no ha podido hacer frente a dicha crisis sanitaria. 

Otro de los elementos necesarios que piden es que los Gobiernos asuman un verdadero  compromiso con la justicia fiscal. Para ello, el desarrollo de sistemas progresivos de impuestos y  la lucha implacable contra cualquier tipo de evasión, elusión o fraude fiscal deben ser pilares  fundamentales de una alternativa política de impuestos más justa. 

Solo se podrá acabar con este grave problema social si ponemos a las personas por encima de  los intereses económicos. Las políticas deben ser coherentes y consecuentes con los  compromisos constitucionales, europeos e internacionales en materia de derechos humanos y  medioambientales.

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