El 18 de marzo de 2020 entraron en vigor las medidas del RD 8/20 para ayudar a las empresas a afrontar la situación derivada del Estado de Alarma como consecuencia de la pandemia de SARS-CoV2. 

Muchos trabajadores/as han perdido su empleo y han entrado en ERTES. El total de ERTES registrados en Andalucía asciende a 90.250 y éstos afectan a 457.944 personas. Además hay 434 ERTES solicitados que aún no se han resuelto porque no se ha especificado provincia y 454 de empresas que tienen ubicaciones en distintas provincias. En Almería las solicitudes de ERTEs son ya 7.388 y afectan a 33.651 trabajadores. 

Desde el 16 de marzo, UGT puso en marcha teléfonos de atención ciudadana y plataformas de consulta en las redes sociales, que han atendido, en sólo un mes, a más de 120.000 personas. 

Casi 800 ugetistas, técnicos y delegados, han atendido las consultas sobre ERTEs, medidas de prevención, prestaciones, violencia de género y ayuda a autónomos, además de la atención, in situ, de los delegados sindicales a los trabajadores en las empresas que han mantenido la actividad, y que han sido claves para que se cumplan las medidas de salud laboral. 

Muchas de las medidas de protección que ha ido aprobando el Gobierno han sido propuestas sindicales, al principio consensuadas con la patronal: las bajas temporales mediante ERTEs en lugar de despidos, el permiso retribuido obligatorio recuperable, el aplazamiento de los pagos de las hipotecas... En la última etapa, sin embargo, se han producido discrepancias que, confiamos, podamos superar pronto, como sobre el ingreso mínimo vital puente, de unos 500 euros por persona, hasta que se apruebe una ley de Renta Mínima, que consideramos esencial. 

Asimismo, las organizaciones sindicales hemos denunciado las situaciones dramáticas que se vivían, y se viven, en algunas residencias de mayores. 

Económicamente el sector privado se ha visto mermado y muchas empresas se han visto avocadas después del Decreto del Estado de Alarma, a suspender su actividad, por falta de suministros, cierre del local o contagio de la plantilla por COVID19. Por ello se agilizaron medidas excepcionales de solicitud de ERTES por fuerza mayor en dos casos: suspensión de contratos de trabajo durante el Estado de Alarma, o reducción de jornada entre un 10% y un 70%, con efectos de exención del pago de la cuota de la seguridad social y demás contingencias por parte de las empresas.