Los cartuchos se le acaban al campo almeriense para conseguir una rebaja fiscal justa, después de que la semana pasada se publicara la Orden por la que se corrige a reducción de los módulos para el periodo impositivo 2018 para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales y que mantiene la postura inicial para Almería: inamovible.

Después de explicar las circunstancias adversas, tanto climatológicas como de virosis acontecidas el pasado año 2018 por parte de las organizaciones agrarias y refrendado en un documento por parte de la propia Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía y remitido al Ministerio, no hay ni habrá corrección salvo que el Gobierno entienda de manera postrera que debe haber una excepción.

¿Y cómo afecta esta fiscalidad? Los agricultores almerienses se encuentran, en su mayoría, en el sistema de estimación objetiva, o sistema de módulos. Estos son productores de tamaño medio-bajo, es decir, tienen que facturar en un año como límite 250.000 euros y por tanto representa a las explotaciones familiares. Según datos de Coag, en estas circunstancias, y a modo de ejemplo, un agricultor con una extensión similar a la mencionada puede facturar en torno a 150.000-160.000 euros en condiciones normales y con los gastos propios de la producción, cada vez más altos y unido a impuestos, con la actual fiscalidad la rentabilidad sería de un 15%. Muy lejos de los 26% que apuntan desde el Ministerio de Agricultura y según traslada esta organización.

El beneficio real sería de unos 25.000 euros por ejercicio para el productor medio almeriense, algo más de 2.000 euros mensuales. Esto sobre el papel, porque la volatilidad del campo, que se enfrenta a las variaciones en precios, arrojaría estos resultados en el mejor de los casos. En el óptimo, y esto es, si el agricultor no ha contado con ningún tipo de incidencia durante toda la campaña. En caso de que sí, esta suma comienza a bajar y en algunos casos de forma dramática para los más damnificados.