Nuevo capítulo en la 'guerra' del agua en el Bajo Andarax. En principio, lo que debía ser una buena noticia, no lo es tanto. Y para muchas familias supone un auténtico varapalo. Ayer, a las 8:28 horas, la Comunidad de Usuarios de Almería (CGUAL), que preside el recién reelegido al frente de la Comunidad de Regantes Cuatro Vegas, José Antonio Pérez, comunicaba a través de un mensaje a los teléfonos móviles que quien quisiera podía pasar a recoger el certificado que acredita el uso de aguas depuradas en su explotación, con el que poder optar a los fondos operativos procedentes de la Unión Europea.

Estos fondos se perdieron en la actual campaña hortofrutícola, la correspondiente a 2017-2018, debido a que la Junta, a través de la Delegación Territorial de Medio Ambiente, retiró en marzo de 2017 la concesión administrativa que permitía hasta entonces que CGUAL pudiera utilizar las aguas regeneradas, alegando que esta comunidad de usuarios no estaba cumpliendo los parámetros y requisitos legales establecidos. En este curso agrícola se han perdido por este motivo unos dos millones de euros para este tipo de ayudas que sirven para actuaciones de mejora y modernización de las cooperativas, tal y como denunció Coexphal hace ahora un año, después de que se conociera públicamente el corte de estos recursos hídricos regenerados.

CGUAL informa por SMS de que se puede recoger el certificado para optar a los fondos operativos

Sin embargo, la recuperación de la concesión de las aguas depuradas procedentes de la EDAR de Almería (El Bobar) tiene un pero. Un importante condicionante, pues deja fuera a más de 700 hectáreas del Bajo Andarax, las correspondientes a las zonas de Viator, Los Trancos, las que van desde la autovía hacia el norte, así como las zonas cercanas al PITA y a la cárcel de El Acebuche. Precisamente, todos estos son los últimos territorios que han pagado 6.000 euros por hectárea para tener derecho a agua para riego, un aumento de superficie que no se ha recogido en ningún documento, pues se encuentra al margen de la demarcación territorial de los estatutos de Cuatro Vegas, tal y como explican regantes afectados, por lo que, una vez dado el agua y cobrados los derechos de enganche fuera del perímetro inicial por el que se constituyó la comunidad de usuarios, ahora la Delegación Territorial de Medio Ambiente dice que se trata de zonas que quedan fuera de la denominada masa de agua.

Calculadora en mano, la adhesión de estos terrenos a Cuatro Vegas para optar al agua que esta gestiona ha supuesto unos ingresos de más de 4,2 millones de euros. Un montante por el que muchos de los afectados se preguntan qué va a pasar, ahora que la concesión administrativa de la Junta de Andalucía los deja en 'fuera de juego'. Se consideran engañados, pues pensaban que tendrían plenos derechos como cualquier otro comunero de Cuatro Vegas, pero ahora sienten indefensos y desamparados. Se preguntan por qué unas zonas tienen más derechos sobre otras y por qué la Junta permitió el cambio de uso con esta u otra agua y dio subvenciones, mientras ahora mira para otro lado con los derechos de aquellos territorios que han pagado el enganche y están al corriente de pago de sus recibos.

A ello se une el malestar generalizado en el Bajo Andarax porque han pasado más de 20 años y sigue sin haber sobre la mesa una concesión administrativa definitiva para el uso de las aguas procedentes de la depuradora de la capital.

En este contexto, acaba de celebrarse una asamblea general electoral en Cuatro Vegas, el pasado 24 de julio, que no ha estado exenta de polémica, una más en el ya largo historial de los regantes de esta zona. Una semana después de la reelección de José Antonio Pérez al frente de Cuatro Vegas, aún colean aspectos que muchos regantes, de forma particular y que no tienen relación con la lista alternativa que optaba a la presidencia, han manifestado a este diario. Entre ellos, se quejan de cómo se ha producido el proceso electoral, tanto en los tiempos como en las formas, pues ayer mismo han recibido la carta sobre la celebración de la asamblea y su orden del día (una semana después de haberse celebrado; y no entienden por qué se aprueban las cuentas, en la citada asamblea, después de la elección de presidente, y no antes, además de que reclaman que se lleve a cabo una auditoría externa que debe ser presentada a los comuneros públicamente, algo que denuncian que tampoco se ha hecho. A su juicio, con la transparencia necesaria y las cuentas en la mano, se arrojaría, al menos, algo de luz sobre la derrama que están pagando los regantes de Cuatro Vegas desde hace más de dos años para hacer frente a una sentencia favorable a la Administración que conlleva el abono de más de dos millones de euros.