Todo estaba previsto para que ayer el Parlamento Europeo (PE) votara el Plan de gestión plurianual de la pesca demersal en el Mediterráneo occidental, pero a última hora del lunes todo se frenó. La europarlamentaria y ponente del plan Clara Aguilera solicitó la suspensión de la votación. Allí ya estaba para ver lo que sucedía la directora general de Pesca de la Junta de Andalucía, Margarita Pérez, y el gerente de la Organización de Productores Pesqueros 71 (OPP71), José María Gallart. Éste último, manifiesta su apoyo a la postura de Aguilera, ya que con esta decisión se gana tiempo para negociar aspectos fundamentales que afectan al arrastre en el Mediterráneo español y, en concreto al almeriense.

Es necesario recordar que la europarlamentaria presentó un informe con 59 enmiendas a la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que hacía la Comisión que contempla diez capítulos y veinte artículos y que no contentaba al sector por dos aspectos principalmente: las zonas de veda y la limitación del esfuerzo. Además, entre otras propuestas, Aguilera mantiene que se atiendan todos los factores de sostenibilidad en el sector pesquero, no sólo el medioambiental, sino también eL económico y social.

Hay que tener en cuenta que lo que decida el PE tendrá impacto directo sobre la flota andaluza de arrastre compuesta por 92 embarcaciones (48 en Almería) que generan 460 empleos directos (240 en esta provincia) y 2.300 indirectos; además, el valor de las capturas en subasta en las lonjas andaluzas alcanza los 53, 6 millones de euros.

Hasta el momento se desconoce la fecha para la nueva “vista” para la votación en el PE.