La pesca almeriense y la andaluza por extensión muestra su malestar de manera oficial por lo acontecido el pasado día 4 de abril, cuando se aprobara el nuevo Reglamento del Plan de Gestión Multianual de Pesquerías Demersales del Mediterráneo Occidental (MAP WestMed), una legislación que entraría en vigor el próximo 1 de enero de 2020 y que ven, a todas luces, “un atentado contra la pesca de arrastre”, claman.

Ayer, José María Gallart, gerente de la almeriense OPP71 y vicepresidente de la FAAPE Mediterráneo, uno de los más destacados interlocutores desde que comenzara la ‘cruzada’ pesquera para evitar esta aprobación aprobación, junto con María Ángeles Cayuela, presidenta de Asopesca y de la Asociación Andaluza de Mujeres de la Pesca, e Ignacio López, patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Motril; han dado cuenta de cuales son las restricciones que presenta esta legislación. Una norma que restringe, aún más, la pesca de bajura española, “que es clave para el desarrollo ya no solo de la lonja de Almería, sino de todas las españolas. De hecho, no se entiende su existencia sin la aportación que realiza el arrastre”.

En marzo de 2018 se cuajaba una primera propuesta de reglamento, que en principio reflejaba realmente esa dualidad actividad-preservación de los caladeros, a cargo de la eurodiputada Clara Aguilera, que el sector vio positivo. Más aún el español, que de motu propio, especialmente desde 2006, trabaja de manera activa en la sostenibilidad en todas sus prácticas; se autoimpone vedas y establecen zonas de protección total.

Pero se perdió todo en el camino. Fue el momento en el que Comisión, Consejo de Ministro de la UE y por último, el Parlamento, hicieron oídos sordos a los españoles y finiquitaron un documento al que le interpusieron 240 enmiendas y que, ni por esas, consiguieron que se hayan incluido.Hasta su aprobación, los pescadores españoles consiguieron el apoyo de la mayor parte de partidos políticos y sindicatos. Todos a una, incluido el PSOE andaluz, pero el escollo apareció con su vertiente nacional, partido en el Gobierno en la actualidad.

Ahora la norma, que tiene su principal línea roja en el esfuerzo pesquero, afecta a un total de 1.300 barcos en Europa, de los que 606 barcos son españoles, casi la mitad del total, a los que les quieren reducir en un 10% el periodo en el que pueden faenar al año. Algo, que en España se cumple a rajatabla cuando se habla de normal, “y no así en otros países como Francia e Italia, los otros afectados, cuyos gobiernos no los someten a los reglamentos europeos como a nosotros”, explica Gallart sobre una problemática endémica desde hace años, y que no es otra que la diferencia de rasero que en este caso se hace entre países y donde apuntan a que solo el sector nacional es el que cumple con todas las limitaciones que año tras año se le plantean. “Pero hay un límite, y ahora se ha llegado. En este momento depende del nuevo Gobierno como se desarrolle el plan. La pelota está en su tejado. Por lo pronto, el sector se reunirá después de Semana Santa con la Dirección General de Pesca de la Junta para pulir y adaptar a la nueva realidad el documento que se elaborara en 2016 y donde se ponen las líneas rojas que tiene la pesca andaluza”, adelanta el gerente de Asopesca, sobre un trámite que tendrá su siguiente paso en el Ministerio del futuro Gobierno.