Como adelantaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su visita a Almería, ayer el Consejo de Ministros aprobó el proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica (PERTE) del sector agroalimentario, dirigido a propiciar la transformación de la cadena agroalimentaria e impulsar la modernización y digitalización del sector, su crecimiento económico y la cohesión territorial. Este contará con una inversión pública de unos 1.000 millones de euros hasta 2023 y cuenta con tres ejes prioritarios: el paquete de apoyo específico para la industria agroalimentaria, dotado de 400 millones de euros y gestionado por Industria; medidas concretas para apoyar el proceso de adaptación digital, con 454,35 millones, que coordinará Agricultura; medidas específicas de apoyo a la innovación y la investigación 148,56 millones de euros.

A falta de conocer las órdenes de bases y que se lance la convocatoria, hay quien llega con los ‘deberes’ hechos solo para adecuar el proyecto a los requerimientos específicos. Es el caso del sector hortofrutícola que se postulará a la captación de los fondos europeos a través del Proyecto Estratégico de la Cadena de Valor Hortofrutícola, que lidera la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería, Coexphal. Según datos facilitados por la propia organización, son 44 empresas hortofrutícolas las que han participado en la elaboración de este proyecto que pertenecen a cinco comunidades autónomas (Andalucía, Castilla La Mancha, Castilla León, Comunidad Valenciana y Murcia). La inversión estimada en este proyecto, en el que se lleva trabajando más de un año, supera los 300 millones de euros.

Como exponen desde Coexphal, la iniciativa estratégica tiene como objetivo intensificar la inversión de un conjunto de empresas hortofrutícolas españolas para mejorar su posición competitiva en el mercado interior de la Unión Europea, incrementando la productividad de la mano de obra, reduciendo su huella ambiental, mejorando su circularidad, e incorporando herramientas digitales que faciliten la interacción con el consumidor final.

La iniciativa de Coexphal atiende al sector hortofrutícola pero hay que entender que el PERTE aprobado ayer atañe a todo el sector agroalimentario, por lo que, como desde Coexphal han señalado en alguna que otra ocasión, los 1.000 millones de euros destinados al mismo se antojan escasos. Y es que el sector agroalimentario español aporta cifras nada desdeñables; así, con datos ofrecidos por el propio Ministerio de Agricultura, este contribuye con casi un 10% al PIB (producto interior bruto) y está conformado, en su mayor parte, por pequeñas y medianas empresas. Un 96% de las más de 30.500 empresas son pymes. Tras la aprobación del PERTE, El ministro de Agricultura,Luis Planas, lo contextualizaba dentro de la estrategia global de la política del Gobierno con relación al sector agroalimentario y ha destacado que junto a la Política Agraria Común (PAC), el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia y el Fondo Europeo Marítimo de la Pesca y la Acuicultura suman más de 50.000 millones y suponen “la cifra más alta de inyección de fondos públicos más alta que se haya producido jamás en el sector”. Planas ha destacado que por encima de la importancia económica del sector agroalimentario en España, tiene una “gran significación social y territorial y ambiental”.