Finanzas

El sector pesquero almeriense se siente desprotegido por la Justicia

  • Asopesca muestra su disconformidad con el Contencioso Adeministrativo

  • Señala que los expedientes se iniciaban basándose en informes de la caja azul que no son suficientes

Imagen del puerto pesquero de la capital. Imagen del puerto pesquero de la capital.

Imagen del puerto pesquero de la capital. / javier alonso

En 2015 los pescadores almerienses hablaban del 'acoso' que sentían por parte de la Delegación Territorial de Agricultura y Pesca de la Junta en Almería. Entonces informaban de que se habían iniciado en torno a 40 expedientes sancionadores, por valor individual que ronda los 1.500 euros, concentrados en unos cinco barcos. "Se hacen al margen de la legalidad", expresaba en aquella fecha José María Gallart, gerente de la Asociación de Empresarios de la Pesca en Almería (Asopesca). Los expedientes se iniciaban, de acuerdo al representante de la asociación, sin un acta de inspección y basándose en informes del Centro de Seguimiento de Pesca (CSP) del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), que tal y como se especifica en los mismos, son orientativos y no suficientes para incoar un expediente sancionador, como se expresa también en la sentencia del Juzgado Central Contencioso Administrativo número 8 de Madrid del 21 de abril de 2014; se trata pues de un documento complementario que puede emplearse para corroborar el acta levantada por un inspector pesquero de la Junta.

Además, según Gallart, para que la Delegación solicitase esta información que transmiten al centro los propios barcos a través de la caja azul que cada uno posee, para ser empleada por seguridad para que en caso de un incidente se tenga las coordenadas del barco y otros indicadores, tiene que contar con la autorización de la Dirección General de Pesca de la Junta, de la cual carecía. A ello, hay que sumar que la Administración autonómica no tiene competencias sobre el funcionamiento y formalidad de las transmisiones de la Caja Azul, tanto es así que hay jurisprudencia que lo avala. En esta línea, mientras que las cajas azules sí están homologadas, no lo están los receptores de información del Centro de Seguimiento, por lo que tal y como se señala en la sentencia citada, "no consta el correcto funcionamiento del equipo para recibir y registrar las posiciones enviadas por la caja azul y para la confección de los gráficos".

Los expedientes sancionadores rondan los 1.500 euros de manera individual

Pues bien, tres años después, concretamente el 12 de septiembre, se hacía pública la sentiencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Almería, que desestima el recurso contencioso administrativo interpuesto por una de las empresas pesqueras frente a la resolución de la Consejería de Agricultura y Pesca.

Asopesca expresa que los pescadores se sienten desprotegidos así ante la Justicia, ya que incluso se aportó al Juzgado de lo Contencioso un documento firmado por la Secretaría General de Pesca en el que se expone que los gráficos emitidos por la caja azul "no se consideran por sí mismos suficientes como única prueba para el levantamiento de un acta de inspección por otros servicios de inspección ajenos al CSP, ya que deben ir acompañados además de un informe que contenga al menos la descripción e interpretación técnica de la actividad reflejada (...). Por el contrario, si hubiera otro tipo de pruebas, los datos de los gráficos de la caja azul sí podrían ser aportados a un expeciente como información complementaria al no conformar una única prueba".

Otro hecho que lamentan los pescadores es que cuando una empresa del sector pierde un caso frente a la Administración pública tiene que pagar las costas, que, por ejemplo, en este caso suman una cuantía de 500 euros, si bien si es al contrario no.

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