Las principales asociaciones del motor, Anfac, Faconauto, Ganvam y Sernauto, se reunirán el miércoles telemáticamente con las ministras de Industria, Reyes Maroto, y Transición Ecológica, Teresa Ribera, para urgir la puesta en marcha de un plan de choque para superar la crisis del coronavirus.

Entre otras medidas, pondrán sobre la mesa un plan de ayudas a la compra de vehículos por valor de 400 millones de euros con el fin de incentivar la demanda tras el descalabro de ventas de turismos registrados en marzo (70 %) y abril (96 %) por el coronavirus y la previsible ralentización de las ventas por la caída de la confianza de los consumidores.

A diferencia de los actuales planes MOVES, centrados en vehículos de energías alternativas e infraestructuras de recarga eléctrica, las nuevas ayudas a la compra deben ir dirigidas a toda clase de tecnologías, incluidos los motores de gasolina y diésel más eficientes.

Está previsto que en su segunda edición, el MOVES cuente con una dotación de 65 millones de euros, el 40 % más, y según las misma fuentes, también podrán optar a estas ayudas aquellos que no puedan entregar un vehículo de más de diez para su achatarramiento, condición indispensable en la anterior convocatoria.

Sin embargo, tanto fabricantes (Anfac), como concesionarios oficiales (Faconauto), vendedores (Ganvam) y empresas de componentes (Sernauto) consideran que estas ayudas deberían extenderse a todos los tipos de vehículos y favorecer así también la renovación del parque móvil español.

Así, se estaría recuperando la filosofía de los conocidos como Planes PIVE, que se articularon para incentivar la demanda durante la crisis económica.

En sus ocho ediciones, vigentes entre 2012 y 2016, los PIVE contaron con una dotación total de 1.115 millones y beneficiaron a 1.173.035 compradores.

A comienzos de abril, dieciséis asociaciones de la automoción reclamaron en bloque al Gobierno un plan de choque con medidas "urgentes y específicas" para ayudar a remontar a un sector cuya actividad se vio paralizada por el Covid-19, con más de 350.000 empleados afectados por ERTE.

Junto a los incentivos a la demanda, piden también mecanismos para elevar su liquidez, medidas fiscales para reactivar el mercado, flexibilidad laboral y medidas para el impulso de la inversión y de la industria 4.0.

Según estimaciones del sector, de no aprobarse un plan para el sector, 2020 cerrará con una caída de ventas de vehículos de entre el 40 y el 45 %, hasta las 700.000 unidades, y la producción de España, noveno fabricante mundial, retrocederá un 25 % y apenas alcanzará los 2 millones de unidades.

Además, defienden que las ayudas a la automoción tienen un retorno muy positivo, tanto en términos económicos, porque por cada euro aportado se recaudan 1,7 euros en ingresos fiscales, como en términos medioambientales, pues contribuyen a la reducción de emisiones de CO2 al achatarrar vehículos más viejos y a alcanzar nuestros objetivos de descarbonización".

Según la misma fuente, la reunión del miércoles se pedirá a petición del sector y será la primera que se produzca desde el estallido de la crisis de la Covid-19.