Un juez ordenó ayer detener a la ex presidenta argentina y senadora Cristina Fernández por el presunto encubrimiento, mediante un pacto con Irán, de los ciudadanos de ese país acusados del ataque a una mutua judía en 1994, para lo que pidió al Senado que la despoje de los fueros que la protegen.

Según fuentes judiciales, el magistrado federal Claudio Bonadio, que ya encabeza otras causas que afectan a quien fuera jefa de Estado entre 2007 y 2015, dictó su procesamiento por los delitos de traición a la patria y encubrimiento agravado, y pidió su detención al considerar que puede entorpecer la causa. También ordenó un embargo de 50 millones de pesos (unos 2,44 millones de euros).

La Cámara Alta, en la que ningún grupo tiene mayoría absoluta y con la corriente peronista, a la que pertenece Fernández, muy fragmentada, deberá decidir si atiende la solicitud de quitar la inmunidad a Fernández -que juró su cargo el 29 de noviembre-, para lo que será necesario el sí de dos tercios de los legisladores.

El expediente judicial fue abierto por la denuncia que el fiscal Alberto Nisman vertió en enero de 2015 contra ella y varios miembros de su Gobierno cuatro días antes de aparecer muerto, con un tiro en la cabeza, en condiciones que aún se investigan en los tribunales.

Nisman aseguraba que un pacto suscrito entre Argentina e Irán en 2013 para investigar conjuntamente el atentado a la mutua AMIA, que dejó 85 muertos y sigue impune, buscaba realmente encubrir a los imputados como sospechosos del ataque, entre ellos el ex presidente iraní Ali Akbar Rafsanjani y el ex canciller Ali Akbar Velayatí, para favorecer el intercambio comercial bilateral.

Tras la muerte de Nisman, su denuncia fue desestimada, pero la causa fue reabierta en 2016 y unificada con otra por presunta traición a la patria, también con el polémico acuerdo en el centro de atención, y dirigida por Bonadio.

Aquel pacto nunca fue ratificado por Irán y, en Argentina, aunque fue aprobado en el Congreso, fue declarado finalmente inconstitucional.