La oposición británica ha acusado este lunes al Gobierno del Reino Unido de desacato al Parlamento por no publicar el informe legal completo sobre el acuerdo del Brexit, en la víspera de que comience el debate de cinco jornadas que precederá a la votación del pacto el próximo 11 de diciembre.

El Ejecutivo de la primera ministra, la conservadora Theresa May, divulgó este lunes  un resumen de 52 páginas de dicho análisis que, sin embargo, no contentó a la oposición, encabezada por el Partido Laborista, que reclama la publicación del asesoramiento legal completo.

El abogado general del Estado, Geoffrey Cox, compareció en la Cámara de los Comunes para explicar el documento, del que se desprende que ciertas leyes europeas continuarán vigentes "en algunos aspectos" después de que el Reino Unido abandone la Unión Europea el 29 de marzo, si bien aclaró que tendrán un aplicación limitada. Señaló que la cuestión de la cláusula conocida como bacokstp, que evita una frontera física entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte, estará vigente "al menos y hasta" que el Reino Unido y el bloque comunitario lleguen a un nuevo acuerdo al respecto. 

Clausula 'Backstop'

Esa garantía prevé que todo el Reino Unido permanezca dentro de la unión aduanera y que Irlanda del Norte también esté alineada con ciertas normas del mercado único, salvo que Londres y Bruselas presenten una solución alternativa para la frontera o hasta que establezcan una nueva relación comercial.

Ninguna de las partes podrá abandonar este backstop de manera "unilateral", dijo, aunque argumentó que esa solución tiene una intención "expresamente temporal" para evitar una frontera dura entre ambos territorios hasta que se alcance una nueva fórmula.

Sobre este asunto se ha pronunciado este lunes también Oliver Robbins, principal asesor del Gobierno británico sobre la retirada del país del bloque europeo, quien reconoció que esa salvaguarda es una "necesidad un poco incómoda" para ambas partes.

Respecto a la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Cox adelantó que continuará siendo aplicable en el Reino Unido durante el periodo de transición, que culminará el 31 de diciembre de 2020.